La Fiscalía solo pudo ingresar hasta las oficinas administrativas de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y no hasta los lugares en donde ocurrieron los asesinatos de los siete reclusos, durante un motín registrado en la tarde de este martes.
Los investigadores solo retiraron grabaciones de circuito cerrado de las oficinas, ya que en la zona donde hubo la matanza no existen cámaras, informó Telefuturo.
Desde el Ministerio de Justicia informaron a Última Hora que aún no fue realizada una requisa en el interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y que en la mañana de este miércoles se centraron en los trabajos de búsqueda de más cuerpos, que dejó como resultado el hallazgo de la séptima víctima fatal.
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El fiscal Marcelo Pecci, en conversación con Radio Monumental 1080 AM, manifestó que este miércoles se constituyeron en el penal para el levantamiento de la séptima víctima.
“Interrogamos a los responsables del penal y nos reafirmaron que en estos momentos no estaban dadas las condiciones para implementar el método tradicional, que es llegar hasta el lugar mismo donde está el cuerpo, entonces acudimos a otros medios de certificación, declaraciones, fotografías, mapas, para certificar el sitio como un pozo, en el cual estaba este cuerpo depositado”, expresó.
Manifestó que realizaron una investigación preliminar con el médico forense del Ministerio Público en el cual vieron lesiones muy severas a nivel del cuello y de armas blancas en el pecho.
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El fiscal mencionó que circulan imágenes que fueron tomadas por personas que estuvieron dentro del penal y que todas “las piezas” son útiles para su investigación, pero debe ser cotejada la veracidad para no incurrir en errores.
Además mencionó que todos los indicadores que tienen hasta ahora señalan como disparador del amotinamiento y la masacre el traslado del recluso Orlando Efrén Benítez.
“Las víctimas serían personas que habrían tenido algún tipo de sentencia ante eventuales deslealtades o protagonismos con grupos principales que están en la penitenciaría, y habría sido el momento propicio la activación de este amotinamiento para cumplir con las decisiones enmarcadas en materia criminal, en líneas generales es esa la cuestión que estamos teniendo en este momento”, agregó.
El representante del Ministerio Público dijo que investigan si los fallecidos tendrían vinculación directa con la filtración de un supuesto plan de fuga.
El Estado no controla establecimientos, dice abogado
Por su parte, el abogado penalista y ex fiscal José Casañas Levi manifestó a través de su cuenta de Twitter que tres fiscales intentaron ingresar al penal de Tacumbú este miércoles para levantar un cuerpo. Sin embargo, no lo pudieron hacer porque los reclusos no lo permitieron.
“El Estado paraguayo no controla los establecimientos penitenciarios”, expresó.
Internos levantaron los cuerpos
El capitán Carlos Torres, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, relató que apagaron los focos del incendio que puso en peligro a internos, policías y funcionarios. Relató que los propios reclusos se encargaron de levantar los seis cadáveres en la noche de este martes.
“Los propios internos, con ayuda de guardiacárceles, se encargaron de levantar los cadáveres, y fue muy difícil porque habían paseado los cuerpos luego de decapitarlos”, contó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.
Los bomberos tuvieron que trabajar con linternas, ya que la energía eléctrica del presidio se había cortado.
Solo dos de las siete víctimas estaban condenadas
De las siete víctimas fatales, solo dos estaban cumpliendo una condena, ellos son Roberto Ríos, condenado a 9 años por robo agravado, y Julio César González Cáceres, condenado a 27 años por homicidio doloso, este último había asfixiado a su hijo Jesús Daniel González Benítez, de 5 años, cuyo cuerpo fue encontrado el 18 de marzo del 2015 en Chaco’i.
A través de una conversación telefónica, el hombre confesó el crimen a su ex pareja. También le habría dicho que el cuerpo del niño estaba en el km 43,5 –antes de llegar a Puerto Elsa–, frente a un corral donde se ordeña a las vacas, en un matorral, tapado con una toalla.
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El hombre estaba prófugo de la Justicia y el 29 de abril de ese mismo año fue capturado en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) por agentes de la Interpol de la Policía Federal.
La madre del niño había denunciado a las autoridades que su ex pareja la amenazaba constantemente con matar al pequeño, pese a eso, González tuvo permiso de un juez para llevarse al menor los fines de semana.
Mientras que, por hurto agravado, estaban procesados Francisco Vargas Leiva, Carlos Raúl Casco Rojas y Fernando Ortiz Echeverría. También estaban procesados por robo agravado Julio César Shareamm Barrios y Alcides Ramón González González.
Todas las personas fallecieron tras recibir heridas con arma blanca, tres de ellas fueron decapitadas.
El fiscal César Silguero, jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, manifestó que en principio no tienen información de que alguno de los fallecidos forme parte del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela.
El caso
El traslado a primeras horas de este martes del recluso Orlando Efrén Benítez hasta la Agrupación Especializada de la Policía Nacional desató dos amotinamientos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, uno de ellos fatales, que dejó siete reclusos fallecidos.
Los internos alegan que el traslado de Benítez, uno de los integrantes de la banda que era liderada por el fallecido Nelson Gustavo López, alias Yacaré Po, y bautizado por el Primer Comando Capital (PCC), corresponde a un privilegio, así como tienen otros ligados al grupo criminal brasileño. No obstante, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, justificó que el traslado de Benítez responde a una disposición de seguridad, debido a un supuesto plan de fuga.
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Un primer amotinamiento se registró en horas de la mañana de este martes, posteriormente, siendo las 17.00 aproximadamente, se registró otro motín, en el cual los reclusos tomaron de rehenes a 19 guardiacárceles.
Los agentes de la FOPE ingresaron al penal y nuevamente se registraron fuertes enfrentamientos. También se produjeron varios focos de incendios que ponía en peligro a internos, policías y funcionarios, por lo que bomberos voluntarios, temerosos, ingresaron para sofocar las llamas. Mientras familiares de guardias y reclusos se apostaban en las afueras del penal reclamando información de sus familiares.
Tras una reunión entre la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y los reclusos, estos procedieron a liberar a los rehenes y exigieron que no haya represalias por los hechos acontecidos e igualdad de tratos.
Conforman equipo de fiscales
Tras el amotinamiento, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, conformó este miércoles un equipo de fiscales que llevarán adelante la investigación.
Fueron designados los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado Federico Delfino, Alicia Sapriza, Marcelo Pecci y Lorenzo Lezcano.
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También la fiscala de la Unidad Especializada de hechos punibles contra la Libertad de las Personas, María Irene Álvarez, el fiscal del Sector 1, Giovanni Grisetti; el fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Santiago González, y la directora de Derechos Humanos, Karilem Roldán.
La decisión tomada por la titular del Ministerio Público fue a los efectos de tomar las providencias necesarias e intervenir en los procedimientos de investigación para el esclarecimiento de los hechos que podrían tener relevancia penal.
