El 20 de julio de 1979, el gobierno de Alfredo Stroessner promulgó la Ley 752, que estableció la expropiación de 165.000 hectáreas de tierras en Paraguay para la hidroeléctrica Itaipú. Pero la Binacional no siguió al pie de la letra la ley, sino que obvió expropiar un total de casi 50.000 hectáreas que quedaron en poder de bancos, y empresas de sojeros y ganaderos, varios de ellos brasileños.
La ley de expropiación fue la excusa de Itaipú para expulsar a 38 comunidades indígenas Ava Guarani a lo largo de los 1.524 kilómetros de la poligonal envolvente que va desde Hernandarias hasta Salto del Guairá. Varias de las tierras de estas comunidades no fueron inundadas por la suba del embalse y fueron ocupadas por sojeros brasileños, según denuncian los nativos.
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Como se vio en los capítulos anteriores de este trabajo, gran parte de estos potentados de la soja y la ganadería invaden los territorios que sí fueron expropiados por Itaipú y por lo cual recibieron indemnizaciones.
Algunos montan puertos clandestinos para el contrabando y el narcotráfico entre Paraguay y Brasil, y en otros casos grupos empresariales montaron clubes y condominios privados de lujo, según demostró este trabajo.
LA EXPROPIACIÓN. Tras la firma del Tratado de Itaipú en 1973, las dictaduras militares del paraguayo Alfredo Stroessner y el brasileño Garrastazú Medici ordenaron expropiar por ley tierras en ambas márgenes del río Paraná.
Estas tierras se convertirían en zonas inundadas por la suba del embalse, así como también zonas de bosques de protección de las aguas de la entonces represa más grande del mundo.
A través del análisis exhaustivo de documentos legales y mapas oficiales a los que accedió el trabajo de investigación de ÚH, descubrimos que la Itaipú obvió expropiar en Paraguay casi un tercio de lo que la ley estableció que debía ser área de aprovechamiento de la hidroeléctrica.
Estas 50.000 hectáreas de tierras en la actualidad son mayoritariamente campos extensivos de cultivo mecanizado de soja de propietarios brasileños, así como también pasturas de ganado o zonas de clubes y condominios privados, como vimos en los capítulos anteriores sobre estos “vecinos” de Itaipú.
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Los registros de propiedad de dicha época corroboran que el proceso de adquisición de tierras por parte de la gigante binacional, entonces bajo la administración de Enzo Debernardi en Paraguay, no fue fiel a la ley, y en lugar de expropiar a los agroempresarios toda su propiedad, solamente enajenó una mínima parte lindante con el río Paraná.
Desempolvando los archivos del Congreso, encontramos los documentos de la citada ley con sus coordenadas UTM. Otro documento que hurgamos hasta encontrar es el mapa oficial de la propiedad de Itaipú, que lo hallamos en el departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Trazando las líneas de ambos mapas y comparándolas entre sí, saltó a la luz la enorme diferencia de casi 50.000 hectáreas entre una y otra.
Estas 50.000 hectáreas no expropiadas que quedaron en manos privadas se concentran principalmente en los distritos de Hernandarias, Santa Fe del Paraná y Mbaracayú, en el Departamento de Alto Paraná, donde reinan los cultivos mecanizados extensivos de propietarios, en su mayoría brasileños. (VER INFO)
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Privilegios. Itaipú generó un esquema de privilegios a la hora de realizar las expropiaciones, violando lo que la ley le exige, actitud que no tuvo con las comunidades indígenas cuyas tierras no se inundaron y que hoy son también sojales, según señalan los propios nativos y los estudios antropológicos al respecto.
Esto explica por qué varias de las tierras donde antes estaban asentadas comunidades indígenas antes de ser desalojadas por Itaipú, hoy no sean parte de la franja de protección de la binacional, sino parte de las tierras de agroempresarios, brasileños en su mayor parte, como reclaman los miembros de las comunidades indígenas Ava Guarani como Sauce y Kirito, ambas desterradas por Itaipú.
