24 abr. 2024

Agroganaderos brasileños invaden las tierras de la franja de Itaipú

Empresa Agrícola Ysyry SA, de propietarios brasileños, ocupa casi 200 hectáreas de las tierras de Itaipú. Cientos de invasiones denunciadas terminaron sin efecto o con condenas ridículas.

La franja de bosques de Itaipú que va desde Hernandarias hasta Salto del Guairá es víctima de invasiones por parte de agroganaderos, la mayoría de origen brasileño, desde hace muchos años. La Agrícola Ysyry SA, de los brasileños Francisco de Asís Sampaio Pagano y Luis Prandini, es uno de estos casos, ya que ocupa hasta la fecha casi 200 hectáreas de la binacional.

En entregas anteriores mostramos cómo estas áreas protegidas se convirtieron en puertos clandestinos para el contrabando y narcotráfico, o clubes y condominios privados de lujo. En este capítulo revelamos algunos de los casos de las tierras que se convirtieron en sojales o pasturas para la ganadería.

En el lado paraguayo de Itaipú, se llevaron adelante casi 200 procesos judiciales, la mayoría durante el gobierno aliancista de Fernando Lugo, pero los mismos terminaron estancados, blanqueando a los invasores o en condenas ridículas como donar cartuchos de impresora al Juzgado o cubiertas a la Fiscalía.

La investigación de ÚH, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con Connectas, descubrió cómo políticos paraguayos y empresarios brasileños del agronegocio son protagonistas de cientos de invasiones a las tierras de la represa binacional Itaipú y varios continúan invadiendo la poligonal envolvente, destinada por ley a ser bosques de protección de las aguas contra la erosión y la contaminación.

Los Narco Sojales de Itaipú IV

Sojeros brasileños. Los intentos de recuperación de las tierras de Itaipú invadidas se iniciaron en el 2005, pero se dieron con mayor fuerza durante el gobierno de Fernando Lugo. Los mismos tuvieron una fuerte resistencia de parte de los ocupantes, tanto en el terreno físico como el judicial, entre ellos poderosos empresarios brasileños del rubro agroganadero.

Una de las empresas demandadas fue la Agroganadera Ysyry SRL, de los citados brasileños. La denuncia fue por la invasión de 198 hectáreas en la zona de Gasory, distrito de Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú. Utilizando guardias y vallado, durante dos meses no permitieron el ingreso de los funcionarios judiciales y de la Itaipú para delimitar el área.

Los trabajos de mensura y amojonamiento fueron tan resistidos que en enero de 2011 fue baleado el campamento de los topógrafos de Itaipú, sin arrojar heridos pero logrando el objetivo de retiro de los funcionarios.

Finalmente, la comitiva rompió los candados el 15 de marzo del 2011, a través de la orden del juez Libio Valdez, atendiendo a la orden de mensura y amojonamiento emanada del Juzgado en lo Civil del Décimo Turno de la Capital, a cargo de Mirtha Ozuna de Cazal, y del Juzgado del Sexto Turno, a cargo de Hugo Morán.

Según el reporte, el agente fiscal Federico Torres Tavarelli se hizo presente misteriosamente en el procedimiento. Rubén López e Isabelino Silvero, abogados de Itaipú, señalaron que el agente se manifestaba más como abogado de los brasileños que como fiscal, y anunciaron que lo denunciarían ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

La mensura permitió que Itaipú recuperara, en teoría, las 200 hectáreas en poder de los brasileños. El Juzgado Penal de Atención Permanente, a cargo de Tadeo Fernández, rechazó el amparo presentado por los brasileños.

A pesar de todo el trabajo realizado para recuperar las tierras invadidas por estos brasileños, en los mapas satelitales se ve que las mismas siguen tan invadidas con campos mecanizados como lo estaban entonces (ver info pág. 9).

IMPUNIDAD. No existe uno solo, de los casi 200 casos penales, donde se haya condenado a prisión o al menos con una multa ejemplar a los invasores y deforestadores, la mayoría de ellos colonos brasileños. La mayoría fueron beneficiados con criterios de oportunidad; o desestimadas las causas.

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Un ejemplo de esto es el dado con el ciudadano Doacir Bianchet, quien habría invadido y deforestado unas seis hectáreas de tierras de reserva de Itaipú y construido una enorme balsa para contrabando.

“El fiscal Gustavo Sosa no asumió ninguna imputación, y en varias ocasiones los funcionarios del Ministerio Público informaron que no se ubica la carpeta”, cuestionó la Dirección Jurídica de Itaipú de ese tiempo.

Bianchet cuenta con más de 2.000 hectáreas en la zona, que comparte con su familia y con el rey de la soja Tranquilo Favero, además de 4.000 hectáreas de tierras del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el Chaco adquiridas de forma irregular, según investigaciones.

Otro caso involucra a los brasileños Renivo e Ireneo Demari, quienes deforestaron unas 100 hectáreas en la zona de Pikyry, Santa Fe del Paraná, para agricultura y ganadería, y fueron beneficiados con criterios de oportunidad con el compromiso de reforestar y guardar buena conducta.

La lista de brasileños deforestadores sigue con Ricieri Thieme, quien en agosto del 2011 fue sorprendido con ocho hornos en la zona de la Reserva Karapã que utilizaba para convertir en carbón árboles nativos de la reserva, y fue beneficiado por el juez Samuel Silvero con la suspensión condicional del proceso a cambio de reforestar el área degradada en su momento y donar alimentos no perecederos por valor de G. 150.000 mensuales a una guardería de la zona.

Otra condena ridícula fue la recibida por Carlinho Moreira do Prado, denunciado por invadir y deforestar unas cinco hectáreas. El Ministerio Público requirió la extinción de la acción penal luego de que el Juzgado otorgara la suspensión condicional a cambio de “reparar el daño social” y donar cartuchos para impresora del Juzgado.

Otros brasileños que ocuparon tierras de Itaipú, deforestaron e instalaron ganado u otro tipo de negocio, pero aún así fueron beneficiados con criterios de oportunidad, son Jonathan Suarez, Sostenes Núñez, Alois Pirtolls, Josias Alves de Souza, Rogerio Klaussman, entre otros.

El juez Samuel Silvero fue el que la mayoría de la veces otorgaba dicha medida a los invasores denunciados e imputados por el fiscal José Zarza.

Algunos de los brasileños imputados ni siquiera se presentaban a las audiencias pese a ser reincidentes en el delito ambiental, como el caso de Altamiro Alves, Roque Da Silveira y Orlando Parmilhonenn.

Argemiro Schreiber es otro brasileño denunciado en más de una ocasión por ocupación y deforestación de las áreas protegidas de Itaipú.

El 25 de agosto de 2009, la Sentencia Definitiva Nº 663 hizo lugar a la primera denuncia, y emplazó al mismo a abandonar la franja de bosque de Itaipú de la zona de Mbaracayú, pero una verificación del 21 de marzo del 2012 constató que seguía invadiendo.

Clementino Riechziki es otro reincidente, fue imputado y condenado en 2009 e intimado a abandonar un inmueble de 40 hectáreas perteneciente a Itaipú, pero tras evadir condena, un año más tarde ya estaba invadiendo otra parcela de Itaipú de 10 hectáreas.

RESPUESTA DE ITAIPÚ. Los abogados del lado paraguayo de la Itaipú Binacional defendieron los procesos judiciales y denuncias que vienen realizando desde 2005, pero reconocieron que escapa a su competencia lo que sucede con los demás órganos.

“Hay muchísimas acciones legales que Itaipú ha instalado y que no han podido llegar al término que la entidad precisa... pero acordate de quien negocia una suspensión condicional del proceso no es la Itaipú, por eso empezó a participar como querellante en los procesos a los efectos de poder condicionar inclusive esas decisiones, y en algunos casos fue un éxito y en otros no”, indicó el abogado Hugo Enrique Cañiza.

Señaló que manifestaron a instituciones, como el Ministerio del Ambiente, la preocupación por la levedad de los condenas, y cómo estas no reparan el perjuicio causado.

“Como sabrás, la corriente de responsabilizar a la persona con medidas para cumplir con el daño social causado, distinta al daño causado, ha sido una constante. En términos comunes, se han canjeado a veces hectáreas de deforestación por cubiertas para el Ministerio Público, entonces, no siempre la decisión jurisdiccional fue de la mano de la necesidad de vincular al daño causado”, dijo.

La era James Spalding en Itaipú inició el programa Itaipú Preserva para reforestar el área, pero aquí empieza otro oscuro capítulo de la Binacional que ÚH desarrollará mañana.

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