El juez penal de Garantías Humberto Otazú se opuso este martes a la desestimación de la denuncia por presunto perjuicio patrimonial de G 1.6 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS), durante la gestión de Vicente Bataglia, informó Raúl Ramírez periodista de Última Hora.
El magistrado consideró que podrían existir elementos que constituirían hechos punibles.
Los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron la desestimación de la denuncia contra el ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y otras cinco personas. La Contraloría había detectado un supuesto desfalco de más de G. 1,6 billones, pero esto no se confirmó, dijeron.
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Hace un año, Kattya González, entonces senadora, y el diputado Raúl Benítez, habían denunciado a Bataglia y a los consejeros de la previsional: Roberto Brítez, Gustavo Arias, Ludia Silvera, Miguel Doldán y Ricardo Oviedo.
Se arrimaron, además, reportes de Contraloría, donde mencionan varias observaciones, que –según el Ministerio Público– en realidad no constituyen irregularidades.
En el primer punto se habló de una supuesta diferencia entre los montos aprobados para la línea de crédito. Sin embargo, los fiscales determinaron que “quedó subsanada la discrepancia”, ya que hay dos pagarés, uno anulado y uno vigente, “que respaldan el préstamo otorgado por el Banco Interfisa al Instituto de Previsión Social (IPS)”.
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En cuanto a la segunda supuesta irregularidad, se habla de que la previsional no contó con la composición de saldos pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios, correspondientes a una de las cuentas contables del balance general, ni los documentos de respaldo, por un importe de G. 1.157.694.787.925.
Los fiscales en cambio hablaron que se corroboró que hubo una doble verificación (física y digital) de la existencia de documentos que avalan los pagos realizados y que no hay informe alguno de ninguna instancia administrativa “que indique la ausencia de comprobantes”.
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En el punto 3, remitido por Contraloría, se explicaba que los recursos obtenidos por el IPS a través de las líneas de crédito bancarias por G. 425.000 millones, no fueron presupuestados en el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, la Fiscalía apuntó a que “las operaciones han sido registradas y reconocidas totalmente a nivel contable”, pagándose deudas que hubo en el Programa de Enfermedad y Maternidad del IPS.
