Hace un año, Kattya González, entonces senadora, y el diputado Raúl Benítez, habían denunciado a Bataglia y a los consejeros de la previsional: Roberto Brítez, Gustavo Arias, Ludia Silvera, Miguel Doldán, Ricardo Oviedo.
Se arrimaron, además, reportes de Contraloría, donde mencionan varias observaciones, que –según el Ministerio Público– en realidad no constituyen irregularidades.
NO SE PROBARON. En el primer punto se habló de una supuesta diferencia entre los montos aprobados para la línea de crédito. Sin embargo, los fiscales determinaron que “quedó subsanada la discrepancia”, ya que hay dos pagarés, uno anulado y uno vigente, “que respaldan el préstamo otorgado por el Banco Interfisa al Instituto de Previsión Social (IPS)”.
En cuanto a la segunda supuesta irregularidad, se habla de que la previsional no contó con la composición de saldos pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios, correspondientes a una de las cuentas contables del balance general, ni los documentos de respaldo, por un importe de G. 1.157.694.787.925.
Los fiscales en cambio hablaron que se corroboró que hubo una doble verificación (física y digital) de la existencia de documentos que avalan los pagos realizados y que no hay informe alguno de ninguna instancia administrativa “que indique la ausencia de comprobantes”.
En el punto 3, remitido por Contraloría, se explicaba que los recursos obtenidos por el IPS a través de las líneas de crédito bancarias por G. 425.000 millones, no fueron presupuestados en el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, la Fiscalía apuntó a que “las operaciones han sido registradas y reconocidas totalmente a nivel contable”, pagándose deudas que hubo en el Programa de Enfermedad y Maternidad del IPS.
Hubo también otros puntos investigados, pero la Fiscalía concluyó que “del cúmulo de documentaciones, se puede colegir que las mismas no revisten importancia y no poseen valoración con relevancia en el ámbito penal”.
