La Asociación Rural del Paraguay (ARP) respaldó en un comunicado el operativo desplegado el viernes por la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y la Fiscalía que -aseguró- “permitió impedir la consumación de la invasión” de la estancia ganadera Lusipar, ubicada en el Departamento de San Pedro (norte). La propiedad pertenecía al narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, conocido como Cabeza Branca, pero está actualmente a manos del Estado paraguayo.
“Condenamos enérgicamente el uso de la violencia, las agresiones a efectivos policiales, dos de ellos heridos por proyectiles de arma de fuego”, indicó la ARP, tras registrarse ese día un enfrentamiento entre policías y campesinos, quienes con un camión y otros vehículos embistieron un portón de ingreso a una finca privada, perteneciente al mismo ex titular de la misma organización, Pedro Galli, para después intentar acceder a Lusipar.
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El grupo de campesinos, agrupados en la organización Comisión Sin Tierra del Norte, había anunciado en redes sociales su intención de ingresar a la estancia Lusipar, una propiedad que fue incautada como parte de un proceso judicial contra un narcotraficante brasileño y que se encuentra administrada por el Estado paraguayo.
Los campesinos piden al Gobierno paraguayo el acceso a esas tierras “en calidad de donación” y que esos terrenos sean incorporados a la reforma agraria, manifestó el viernes a periodistas el dirigente Elvio Benítez.
En ese contexto, la ARP afirmó que en Paraguay “no hay causas justas que se defiendan mediante la violencia ni mediante la invasión de propiedades”, al tiempo que instó a que las demandas sociales y agrarias “deben canalizarse por vías institucionales, pacíficas y dentro del marco constitucional”.
Además, exhortó a la Fiscalía a que las investigaciones se realicen “con objetividad y celeridad” para determinar “las responsabilidades penales correspondientes” y que “estos hechos no queden impunes”.
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La Fiscalía paraguaya informó el sábado en un comunicado que 42 personas fueron aprehendidas, de las cuales 29 fueron imputadas por presunta “invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo y tentativa de homicidio doloso”. Aunque, luego el número de detenidos aumentó a 52.
El ente investigador sostuvo que “se produjeron disparos de arma de fuego que -aseguraron- habrían sido efectuados por parte de los manifestantes” y que hirieron a dos policías.
Otras 10 personas del grupo campesino fueron trasladadas a un hospital para su evaluación, señaló la Fiscalía.
Este sábado, el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de Paraguay denunció un presunto “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía en este caso, al tiempo que solicitó “instalar una mesa de diálogo inmediata” entre los tres poderes del Estado para atender los reclamos de los campesinos y “evitar mayor violencia”.
Fuente: EFE.
