El equipo conformado por los fiscales Jorge Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez pidió al juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos la desestimación de la denuncia, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
En la causa por supuesta lesión de confianza y estafa se encuentran investigados el ex titular de IPS Vicente Bataglia, Roberto Brítez Ferreira, Gustavo Ramón Arias, Ludia Claudina Silvera López, Miguel Ángel Doldán Martínez y Ricardo Vicente Oviedo Medina.
El documento del Ministerio Público, que cuenta con 24 páginas, alegó el motivo por el cual se realiza la petición al Poder Judicial.
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“A criterio de esta representación fiscal, no se dan los presupuestos para la configuración de los tipos penales de lesión de confianza y estafa”, reza el texto.
En un punto aclaró que, si bien han existido controversias entre lo analizado por la Contraloría General de la República (CGR) y lo efectivamente contrastado por el Ministerio Público, se tiene que han dilucidado todas la cuestiones de ejecuciones presupuestarias del ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre de 2023.
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Además, aseguró en otra parte del documento que durante la etapa investigativa, se logró colectar todas las documentales e informaciones, incluso testimonios, que permiten sostener que no existen los presupuestos requeridos para la configuración de los supuestos hechos punibles denunciados.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de la entonces senadora Kattya González (PEN), el diputado Raúl Benítez y el doctor Jorge Brítez, durante su desempeño como presidente del Consejo de Administración del IPS –ahora titular de la previsional–.
La medida se dispuso luego de que el actual sucesor de Bataglia informara a la Fiscalía sobre supuestas irregularidades dentro del nosocomio. Además de la denuncia de los legisladores encuentristas, se tomó en cuenta una nota remitida por la Contraloría.
Irregularidades
La CGR, mediante una auditoría al ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del 2023, detectó un supuesto desfalco de G. 1 billón.
En la denuncia se detalló que se identificó que 9.355 bienes del ente, como equipos de salud, laboratorio e informática, están catalogados como faltantes y totalizan la suma de G. 42.915 millones, entre otras presuntas irregularidades.
El organismo de control indicó que no se detectaron documentos de rendición de cuentas del consumo de combustible para los generadores por la suma de G. 705 millones. Asimismo, se detectó que el consumo de combustible superó el promedio por cada 100 kilómetro, por un valor de G. 947 millones.
