El calvario que pasan las víctimas de la mafia de los pagarés es terrible. Según la coordinadora que agrupa a los afectados, serían unas 17.000 personas que están con este drama. Es más, unas 15 de ellas, ya tomaron la drástica decisión de quitarse la vida. Estos números asustan y es imperiosa la necesidad de dar verdaderas soluciones al problema.
Según el relato de las víctimas, en la mayoría de los casos, principalmente maestros y enfermeras, sacan créditos o algunas veces electrodomésticos, por los que firman pagarés por las deudas.
Siempre hay apuro para la firma al punto que los documentos no son completados totalmente. La mayoría está sin fecha, a más de que los montos de dinero están solo en números y no en letras. Además, firman autorizaciones para el descuento directo de sus salarios.
Después, religiosamente, las deudas les son descontadas de sus salarios por las propias entidades del Estado hasta que son canceladas. Sin embargo, cuando van a buscar sus pagarés, en el poco tiempo que tienen, las empresas ya no están, o se mudaron, por lo que difícilmente pueden recuperar sus pagarés.
Pasa el tiempo y, sorpresivamente, en sus liquidaciones de salarios aparecen embargos judiciales de personas o empresas que ni siquiera conocen. Cuando van a ver las demandas, ya es muy tarde. Nunca fueron notificados para que puedan reconocer sus firmas, a pesar de que en los juicios están documentos que dicen que recibieron el aviso.
En la mayoría de los casos, son domicilios inexistentes o nunca fueron realizados. De esta manera, no tuvieron la posibilidad de defenderse, de presentar los comprobantes de los descuentos de salarios que les hicieron por años.
Además, los juicios están tan avanzados que ya tienen sentencias de remate, ya notificadas, por lo que ni siquiera pueden apelar. Es por esto que ya nada pueden hacer. Como dicen los abogados, la etapa procesal precluyó. Es decir, ya pasó el momento en que podían defenderse.
Y así, sufren nuevamente el descuento de la misma deuda si tienen suerte, porque en algunos casos, les agregan números a los pagarés, y los montos aumentan. Y eso no es lo peor. La cuestión es que una vez culminada con la larga demanda, de nuevo son demandados por los mismos pagarés, y el ciclo se repite.
Incluso, si por si acaso fueron notificados y presentan los documentos de sus descuentos, nada tienen que ver con la demanda, ya que al ser pagarés en blanco, los accionantes, sean personas físicas o empresas, no tienen nada que ver con los que alguna vez les dieron el préstamo ya cancelado.
En otros casos denunciados por las víctimas, las firmas son falsificadas, por lo que las obligaciones nunca existieron. Al final, muchas personas pagan millones, algunos no cobran casi nada de sus salarios por los descuentos, porque las mismas entidades del Estado violan la ley laboral, y descuentan más de lo que corresponde.
La auditoría realizada por la Corte reveló cuestiones más graves: los ujieres, que son las personas encargadas de notificar las demandas, realizaban su trabajo el mismo día y a la misma hora, pero en ciudades que se encuentran a kilómetros de distancia. Salvo que sean clones, esto es humanamente imposible.
Y estas notificaciones voladoras, como se les conoce, al estar en los expedientes son instrumentos públicos, lo que lleva a sacar las resoluciones basadas en estos informes falsos.
Así de grave es la cuestión. Una persona se encuentra impotente. Solo le queda trabajar para tratar de que alguna vez pueda percibir en forma completa su salario o jubilación. Es por esto que se debe dar una solución. Porque es una grave violación de los derechos humanos.
Somete a años de sufrimiento económico y mental a las víctimas. Ahora estudian una ley para dar una salida al tema, pero las soluciones deben venir principalmente desde el Poder Judicial, donde todo comenzó.
