La prensa popularizó el caso de la docente Liz Prieto. Mantiene a su familia, ayuda al sostén de sus padres mayores, ambos enfermos, y tiene gran parte de su sueldo embargado por descuentos compulsivos. Para subsistir tiene que hacer ventas callejeras, lo que describe como una humillación personal, pues tiene estudios superiores.
Su calvario comenzó en 2016 cuando adquirió un microondas en una casa comercial. Eran doce cuotas de 120.000 guaraníes que le eran descontadas de su salario. Pronto descubrió que su deuda se “renovó” sin su consentimiento, pues pese a haber firmado solo un pagaré original, fueron apareciendo demandas de una decena de empresas. Ya lleva pagados 78 millones de guaraníes, pero su supuesto compromiso creció hasta llegar a cifras delirantes. Liz es un monumento de la “mafia de los pagarés”, que devastó su vida.
Andrés es un antiguo paciente mío, funcionario jubilado de la Municipalidad de Asunción. Es viudo, vive con un hijo adulto discapacitado y su único ingreso es su haber jubilatorio. Puntual y metódico, tenía 32 años de servicio cuando decidió retirarse. “Fue la peor decisión de mi vida”, me cuenta. “Le hubiera hecho caso a Alcides, un compañero, quien se las arregló para seguir como funcionario activo. El salario no es mucho, pero, por lo menos, llega todos los meses, sostenía él. Y tenía razón, como más de 400 compañeros en edad de jubilarse, pero que se quedaron”.
Andrés no cobra su jubilación desde junio. Cinco meses sin ingresos para alguien con pocos ahorros tiene efectos terroríficos. Se evidencian en su rostro demacrado, en su casa descuidada y en una angustia indescriptible. “Las cuentas me ahogan”, confiesa con voz quebrada. “Si compro mis remedios, mi hijo y yo no comemos”. Ha tenido que malvender su microondas. Los vecinos lo ayudan, pero él también, siempre tan pulcro y responsable, se siente humillado.
Liz y Andrés no se conocen. Sus vidas nunca se han cruzado. Sin embargo, deberían conocerse. Son dos personas honestas que sufren por motivos similares. Viven en Paraguay, el país donde la mafia privada se deleita en un baile macabro con la burocracia pública. Los une una ironía suprema, mientras el Gobierno proclama “el resurgir de un gigante”, Liz debe una fortuna por querer tener comida caliente y Andrés la come fría, añorando al horno que debió vender.
Los une también el hecho de ser la parte más vulnerable de una ecuación diseñada para favorecer a un insaciable sistema de usura y despojo. Liz no está sola, es solo una de las más de 17.000 víctimas del esquema mafioso de la multiplicación de los pagarés. La ceguera selectiva de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces fue la que permitió que prosperara una estafa de la que todo el país hablaba desde hace años. ¿Cómo pudo suceder que ningún ministro de la Corte, ningún juez, ningún fiscal –con las debidas excepciones– haya tenido el coraje de enfrentar a esta asociación de hampones? La mafia de los pagarés es un hito vergonzoso de la Justicia paraguaya solo comparable al absurdo de los dos fulanos que, sin ser abogados, llegaron a ser presidentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Andrés sufre las consecuencias de una corrupción desenfrenada en la Municipalidad de Asunción y en la Caja de Jubilaciones del personal municipal. Robo comentado desde hace años. La Comuna debe 23.000 millones a la Caja de Jubilados. Asunción sufrirá durante años las secuelas del carnaval perverso de Nenecho y sus secuaces. Pero Andrés no está solo en esta penuria. Hay más de 2.500 personas en situación parecida. Otras dos cosas que unen a Liz y Andrés. Primera, ambos son funcionarios públicos anónimos, sin contacto con el poder. Víctimas perfectas para una mafia que necesita opacidad. Y, segunda, ambos han descubierto que solos no conseguirán nada.
Este Gobierno no los va a salvar. Se han movilizado y, así, se supieron muchos. Descubrieron que su protesta en la calle mete miedo al poder que los estafó. Los une el espanto y esa vívida constatación. Sí, Liz y Andrés deberían conocerse.
