Entre 2022 y 2025, Paraguay fue una de las economías de mejor desempeño de la región. El empleo aumentó, la actividad económica se expandió y el país mantuvo una estabilidad que muchos vecinos envidiarían. Sin embargo, hay un dato que desarma el relato del progreso automático y es que hoy existen más trabajadores informales que hace tres años.
La tasa de informalidad bajó de 62,5% a 60,1%, pero el número de trabajadores informales pasó de 1,55 millones a 1,66 millones de personas. Es decir, mientras el PIB crecía, 110 mil personas más cayeron en la informalidad. La economía avanzó, pero el mercado laboral retrocedió.
La explicación habitual suele apuntar a los costos de la formalización, sin duda, es un factor relevante, pero si el problema fuera exclusivamente financiero, los avances deberían haber sido mucho más visibles.
Tenemos un problema de institucionalidad y de cumplimiento de la ley. La informalidad se ha naturalizado hasta convertirse en una práctica aceptada en amplios sectores de la economía.
La evidencia más contundente aparece dentro de las propias empresas formales. Según el INE, en 2025 existían 1.087.754 asalariados privados trabajando en empresas formalmente registradas. Sin embargo, 551.193 de ellos –el 50,7%– no aportaban a la seguridad social y, por tanto, son considerados trabajadores informales. Dicho de otro modo, uno de cada dos trabajadores de empresas formales seguía excluido de los mecanismos básicos de protección laboral. La informalidad ya no está solamente fuera del sistema, también está instalada dentro de él.
Esa realidad expone una desconexión cada vez más evidente entre el crecimiento económico y el bienestar laboral. Las estadísticas macroeconómicas pueden mejorar, pero millones de trabajadores continúan sin protección previsional, sin acceso a una jubilación futura y con derechos laborales vulnerables.
La informalidad tampoco afecta a todos por igual. Se concentra en quienes tienen menor educación, menores ingresos y menos capacidad de negociación. El 79,8% de los asalariados que ganan menos de un salario mínimo son informales y el 88,3% de los trabajadores pobres se encuentra en esa situación. En otras palabras, golpea precisamente a quienes tienen menos herramientas para defenderse.
Por eso, resulta difícil sostener que el problema sea exclusivamente económico. Paraguay incluso avanzó en la flexibilización de regímenes para las micro, pequeñas y medianas empresas con la promesa de facilitar la formalización. Sin embargo, la informalidad sigue afectando a seis de cada diez trabajadores.
Formalizar no requiere únicamente incentivos. Requiere controles, capacidad de fiscalización y sanciones efectivas para quienes incumplen la legislación laboral. Necesita un Ministerio de Trabajo con recursos suficientes para inspeccionar y hacer cumplir la ley. Además de una Defensoría Pública fortalecida para acompañar a trabajadores que muchas veces no denuncian por miedo a perder su fuente de ingreso.
Durante años el debate se concentró en facilitarle las cosas a las empresas. Es momento de concentrarse también en proteger a quienes sostienen la economía todos los días. Porque los verdaderos protagonistas del crecimiento no son las estadísticas ni los balances empresariales. Son los trabajadores.
