Paraguay se encuentra en una encrucijada histórica. En las próximas décadas, el destino económico, social y tecnológico de nuestro país no se jugará en los estrados diplomáticos tradicionales, sino en la capacidad de gestionar con inteligencia y firmeza nuestro recurso más estratégico: La energía eléctrica. En este escenario, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) emerge no solo como una empresa prestataria de servicios, sino como el verdadero bastión de la soberanía y el desarrollo nacional.
El mundo avanza hacia una transición energética acelerada y la electrificación masiva de la economía global. La energía es sinónimo de desarrollo y se vuelve una prioridad en todo el mundo. Paraguay, que durante años fue bendecido con una potencia hidroeléctrica que muchos envidian, tiene la oportunidad dorada de transformar lo poco que le queda de esa ventaja comparativa en un motor de industrialización. Sin embargo, para capitalizar este potencial de cara a la generación de nuevas fuentes y a la creciente demanda, es imperativo blindar a la ANDE de los apetitos cortoplacistas que históricamente han amenazado su estabilidad.
Ante el recambio en la cúpula directiva de la institución, la exigencia ciudadana y técnica es clara. No cabe dudas de que Miguel Báez Reyes, nuevo titular de la estatal, debe asumir el cargo con un profundo sentido de patriotismo, entendiendo que este valor supremo hoy se traduce en rigor, transparencia y defensa intransigente del patrimonio público.
El talón de Aquiles de las empresas públicas en el Paraguay ha sido, tradicionalmente, la injerencia política. Ceder a presiones sectoriales en el manejo de la ANDE no es simplemente un error administrativo; es un atentado directo contra el futuro del país. Las decisiones que comprometen el suministro eléctrico y las tarifas no pueden resolverse bajo la lógica política y electoral. Tienen que basarse estrictamente en el criterio técnico. Las medidas que permitan garantizar que no exista un colapso energético ya no pueden demorarse. Sin energía, será imposible avanzar hacia el país que todos soñamos.
Un capítulo especialmente crítico que pondrá a prueba la templanza de la nueva administración es el manejo de los contratos con industrias electrointensivas. Estas empresas, si bien son necesarias para diversificar la economía y generar empleo genuino, consumen bloques masivos de energía que pertenecen a todos los paraguayos. No podemos repetir los errores del pasado, donde la energía barata se entregó bajo acuerdos opacos que beneficiaron a pocos y comprometieron nuestra capacidad de desarrollo futuro.
El nuevo presidente de la ANDE tiene la obligación de establecer reglas claras, transparentes y estrictamente auditables. Cada contrato con grandes consumidores debe responder a un análisis riguroso de costo-beneficio, garantizando que el retorno para el país supere con creces la energía cedida. La tarifa debe reflejar el verdadero valor estratégico del recurso y asegurar que la infraestructura de transmisión no colapse por sobredemandas mal planificadas.
Salvaguardar la ANDE es, en definitiva, salvaguardar el porvenir de las próximas generaciones. La institución necesita líderes con coraje técnico, inmunes a las presiones de la clase política tradicional y con la visión de convertir a la empresa en el motor de un Paraguay moderno, industrializado y verdaderamente soberano. La ciudadanía y la historia sabrán demandar cuentas a quien ose anteponer intereses sectarios al destino energético de la nación. La mesa está servida y el margen de error es nulo.
La aplicación del principio de reciprocidad será un factor clave en la renegociación del Anexo C. Un país en constante crecimiento demanda cada vez más energía, por lo que el objetivo a futuro debería ser transicionar de exportadores a compradores de potencia. Ante este escenario, es fundamental asegurar que nuestros socios en Itaipú y Yacyretá –que en su momento se beneficiaron de la energía barata cedida por Paraguay para impulsar su propio desarrollo– garanticen en el futuro la venta de su energía a precios competitivos. Necesitamos que el Gobierno se tome en serio la cuestión energética y avance hacia una política clara que permita previsibilidad a los ciudadanos y a las empresas.
