Cada cierto tiempo el debate energético paraguayo gira alrededor de un nuevo tema. Ayer, fue la revisión del Anexo C de Itaipú; hoy son la criptominería, los centros de datos, la inteligencia artificial, las tarifas para grandes consumidores o el riesgo de un futuro déficit de generación. Todos son asuntos relevantes y merecen atención.
Sin embargo, existe una amenaza mucho más profunda y menos visible, de la que casi no se habla. El mayor riesgo para la buena salud del sector eléctrico paraguayo no es técnico ni financiero ni siquiera energético: Es la creciente obsolescencia de su arquitectura institucional organizativa.
Paraguay gestiona una de las mayores ventajas electroenergéticas del mundo con un modelo institucional concebido hace más de medio siglo, cuando el sistema eléctrico era ínfimo, con otras tecnologías y otros desafíos. La organización del mercado eléctrico paraguayo es totalmente asimétrica con nuestros socios del Mercosur, lo que dificulta la integración.
Un ejemplo elocuente de precariedad es la política tarifaria.
El Pliego de Tarifas Nº 21, aprobado en 2017, continúa siendo la base del esquema tarifario nacional. Sin embargo, desde entonces no se ha desarrollado un proceso permanente de revisión integral de la estructura tarifaria. En su lugar, el sistema ha ido incorporando modificaciones puntuales mediante decretos y resoluciones para responder a nuevas realidades.
La aparición de consumidores de uso intensivo de energía –como centros de datos, minería de criptoactivos, blockchain y otras actividades digitales– puso en evidencia esa limitación. El propio Poder Ejecutivo debió dictar el Decreto Nº 7824/2022 para facultar a la ANDE a establecer medidas regulatorias especiales, ya que el Pliego de Tarifas vigente no contemplaba este tipo de usuarios. Posteriormente, la ANDE creó el denominado Grupo de Consumo Intensivo Especial mediante resolución específica.
La cuestión no es si aquellas decisiones fueron acertadas o no. Probablemente eran necesarias. El verdadero problema es otro: Un sistema institucional moderno no debería depender de decretos y resoluciones excepcionales cada vez que aparece una nueva actividad económica. Debería contar con mecanismos permanentes para revisar periódicamente su estructura tarifaria, evaluar nuevos modelos de negocios y adaptar sus reglas con previsibilidad y transparencia.
Otro factor de incertidumbre institucional de enorme relevancia es la prolongada indefinición de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. A más de tres años de iniciadas las conversaciones, aún no existe un acuerdo definitivo. Mientras tanto, la ANDE debe planificar inversiones, proyectar ingresos y diseñar su política tarifaria sin conocer con certeza cuál será el costo futuro de la energía proveniente de Itaipú. En estas condiciones, resulta extremadamente difícil construir una política tarifaria estable y previsible para los próximos años.
En otras palabras, el problema de fondo no son las tarifas. El problema es la ausencia de una institucionalidad capaz de revisarlas sistemáticamente. Refleja una dificultad más amplia: El país ha ido administrando el sector eléctrico mediante respuestas parciales y coyunturales cuando lo que necesita es una visión estratégica de largo plazo. Cuando las variables estratégicas cambian y las instituciones no disponen de mecanismos ágiles para procesar esos cambios, la incertidumbre termina trasladándose a los inversionistas, a las empresas y, en última instancia, a toda la economía.
¿Significa esto que debemos implementar una gran reforma integral del sector eléctrico?
Sí, pero gradualmente y muy prudentemente. Hoy no existen las condiciones políticas ni la capacidad de conducción necesarias para emprender una transformación estructural de gran magnitud. Los intereses involucrados son numerosos y legítimos; las resistencias son previsibles, y una reforma integral exigiría un consenso político e institucional que hoy no parece estar disponible.
Pero reconocer esa realidad no significa resignarse a la inmovilidad. Entre la gran reforma y la inacción existe un amplio espacio para avanzar mediante reformas institucionales mínimas, graduales y estratégicas, capaces de fortalecer la gobernanza del sector y generar confianza para atraer la inversión privada que el propio país declara necesitar. Tres medidas podrían constituir un punto de partida.
La primera consiste en fortalecer la conducción de la política energética. Retomar el intento de integración del Viceministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio, vinculando explícitamente la política energética con la política industrial y de inversiones, y asignándole responsabilidades claras en materia de planificación, análisis económico y política tarifaria.
La segunda es avanzar hacia la separación contable y operativa de las actividades de generación, transmisión y distribución dentro de la ANDE. Esta medida, ampliamente utilizada internacionalmente, no implica privatización ni fragmentación institucional. Permite conocer con precisión los costos de cada actividad y construir tarifas económicamente más eficientes y transparentes.
La tercera es crear un Consejo Nacional para la Modernización del Sector Energético, presidido políticamente desde la Presidencia de la República y coordinado por el Ministerio de Industria y Comercio, con participación de la ANDE, las entidades binacionales, el Ministerio de Economía y Finanzas, el MOPC, el sector privado, las universidades y especialistas independientes. Su función no es administrar ni regular, sino conducir un proceso permanente de modernización institucional, elaborar un Libro Blanco del sector, coordinar estudios técnicos y construir consensos para las reformas futuras.
Las grandes transformaciones nacionales no comienzan con una ley. Comienzan con una visión compartida, una institucionalidad adecuada y un método de trabajo.
El Paraguay no enfrenta hoy una crisis energética. Enfrenta una brecha institucional. Mientras la energía disponible continúa siendo una de nuestras mayores fortalezas, la capacidad del Estado para planificar, regular y adaptar el sector a los desafíos del siglo XXI avanza con demasiada lentitud.
La verdadera discusión, por lo tanto, ya no es cuánta electricidad produciremos en los próximos años. La pregunta decisiva es si tendremos instituciones capaces de transformar esa extraordinaria ventaja energética en desarrollo económico sostenido.
Porque, al final, las naciones no prosperan únicamente por la abundancia de sus recursos naturales. Prosperan por la calidad de las instituciones con que los administran.
