La propuesta de normativa, establece que los salarios ahora ya no podrán ser superiores al del presidente de la República, quien percibe al mes G. 37 millones (17 salarios mínimos). Sin embargo, los diputados dejaron de lado a la Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
El proyecto de ley será devuelto a la Cámara de Senadores, donde tuvo origen a manos del senador Sergio Godoy.
Además de reducir los altos salarios, se apunta a eliminar los cuestionados cupos de combustible, los servicios de cátering y el uso discrecional de las líneas de telefonía.
Los viajes con recursos públicos también son limitados por la iniciativa y se establece un control especial hacia el nombramiento de asesores y parientes dentro de la función pública.
Respecto a los viajes, los diputados incluyeron algunas excepciones como a los titulares de los Poderes del Estado, la Senatur, con una resolución o decreto que justifique el traslado.
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Sobre los asesores de las máximas autoridades, se dispuso que las autoridades solo podrán nombrar hasta a tres asesores, los cuales deberán salir cuando la autoridad de turno abandone la institución, sin reclamar indemnización alguna.
Durante la sesión, se presentaron diferentes dictámenes con alcances distintos, pero fue votado como base el de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
La propuesta de excluir a las binacionales del recorte de salarios y privilegios, finalmente ganó con 44 votos de legisladores de diferentes bancadas, incluso de la oposición.
Binacionales permanecen blindadas
El debate de los diputados se extendió, principalmente, sobre si se puede o no recortar los salarios de las binacionales. Para algunos, esto solo se puede abordar en torno al tratado y no a través de una normativa.
El bloque de Honor Colorado centró su exposición en que el salario de las binacionales no se puede tocar, argumentando que esto atenta contra la pirámide de Kelsen.
“No podemos recortar el salario de las binacionales, lastimosamente, por más que queramos. (…) La ley no está por encima de un tratado y quien no cumple puede ser denunciado, pero no creo que lo sean porque son populistas. Por eso, adelanto que la bancada de Honor Colorado va a respetar el dictamen de Asuntos Constitucionales”, manifestó Basilio Núñez.
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La diputada Kattya González pidió cordura a sus pares y apeló a que se aprueben “verdaderos cambios” para dar una señal clara a la ciudadanía. La legisladora aseguró que es “mentira” que los salarios en binacionales no pueden ser topeados.
Por su parte, la diputada cartista Rocío Abed de Zacarías, advirtió que tocar los sueldos de las binacionales sería “catastrófico” y aseguró que no se puede incumplir con la Constitución. “No podemos cambiar un tratado por ley”, aseguró. La parlamentaria indicó que hay otros mecanismos existentes para hacer ese tipo de cambios.
Mientras que, el liberal Rodrigo Blanco se mostró a favor de que se topee el salario tanto en Itaipú, como en Yacyretá. Aseguró que la ciudadanía espera que los legisladores actúen con la verdad. “La verdad es que el propio tratado da la facultad a las binacionales a revisar sus presupuestos y le da la potestad de administrar su personal”, dijo.
Ramón Romero Roa, diputado independiente, aseguró que “muchos han abusado del poder incluyendo a familiares cercanos, por lo que se debe combatir el nepotismo”. Sin embargo, aseguró que hay aspectos que corresponden al derecho internacional, haciendo referencia en lo que trata a las binacionales. Defendió el concepto de la binacionalidad.
Durante décadas, los funcionarios de la Itaipú y Yacyretá se escudan bajo la figura de la binacionalidad para que el Estado no intervenga en los salarios de estas instituciones y tampoco se dé a conocer sus Declaraciones Juradas.
Según un informe del Ministerio de Hacienda remitido a la Cámara de Diputados, unos 1.580 funcionarios públicos, sin incluir binacionales, cobraron más que el presidente de la República en el mes de noviembre del 2019.
