Luego del infructuoso allanamiento a su vivienda, Hugo Volpe fue hasta la Fiscalía en compañía de su abogado, el ex ministro del Interior, Francisco de Vargas, para acceder a las copias de la investigación abierta.
Pese a que el reporte de un supuesto hecho de corrupción provisto por Brasil es de carácter oficial, la defensa del ex funcionario sostuvo que considera “escasa” la información que se maneja en torno al tema.
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“Es poca la información que se tiene. Nos sorprende que toda la sospecha de corrupción a un alto funcionario público esté basada en la entrega de un bolígrafo”, refirió a NPY al tiempo de criticar las acciones tomadas por el Ministerio Público.
De Vargas dijo que, en parte, este hecho constituye un manoseo, puesto que no existen indicios contundentes para hablar de un supuesto caso de corrupción.
“Si se tiene en cuenta que fue uno de los fiscales (Hugo Volpe) que más pecho puso contra el crimen organizado, que eso le valió el cargo de viceministro de Política Criminal y hoy se esté cuestionando toda su hoja de vida por un bolígrafo, es un manoseo”, aseveró.
La investigación fue abierta en contra de Volpe y del ex fiscal Armando Cantero, luego de que el Brasil transmitiera su preocupación por supuestos hechos de corrupción al fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán.
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La documentación, según aclaró Doldan, no representa ninguna denuncia, imputación ni acusación, sino que es un informe que consta de más de 3.000 páginas.
De acuerdo con los datos, Volpe, supuestamente, aceptó coima cuando era fiscal y se encontraba investigando a Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, sindicado como capo narco y líder del Primer Comando Capital (PCC).
No obstante, Volpe aclaró que nunca se involucró en hechos ilícitos y contó que un abogado de Minotauro fue hasta su oficina cuando él no se encontraba y dejó un bolígrafo costoso en su escritorio.
El ex viceministro reconoció que su único error fue ver dicha situación como “algo no tan grave” y no haber denunciado este hecho. Por su parte, Doldán consideró que el caso de la lapicera representa un acto procesal “absolutamente irrelevante”.
