El director de Asuntos Jurídicos, Jorge Sabaté, indicó que la dirección a su cargo se encuentra inmersa en un trabajo general de análisis sobre los más de 53.000 juicios de cobranza en los cuales la Municipalidad de Asunción se encuentra en calidad de parte, según el informe de la intervención.
“Abogados internos y externos, todo el trabajo de ellos se está analizando. Estamos viendo cómo se estaban llevando, vamos a ver dónde ajustar, dónde llamar la atención”, informó.
Consultado sobre la demanda que la Comuna habría presentado en 2017 contra la Financiera Urundey, uno de los casos resaltados por el informe, Sabaté respondió que en el marco de esta causa “no existe constancia de embargos efectivamente trabados”.
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“Es un juicio que directamente hay que ver cómo están ahora. Hay muchos juicios que están en proceso, otros que están caducos, otros que hay que volver a iniciar. Son demasiados juicios”, refirió.
El 23 de diciembre de 2017, los abogados Juan Carlos Ramírez Montalbetti y Julio González Giménez habrían presentado una demanda contra la Financiera Urundey SA en reclamo de G. 476.695.852.930, monto calificado como “pasmoso” por la intervención.
La financiera fue declarada en quiebra el 26 de agosto de 1996, según el informe.
“Según el informe del BCP y el balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, en las notas a los estados contables se da cuenta de haber recibido bienes de la Financiera Urundey SA en dación en pago”, detalla.
El monto reclamado “nunca se informó” ni a la intervención ni a la opinión pública.
El informe a cargo del economista Carlos Pereira, también expone el caso judicializado del Centro de Acción Social Universitaria (Casu), que ocupa una propiedad municipal sobre la avenida Aviadores del Chaco y Madame Lynch. El terreno fue cedido en 1973 de manera gratuita, pero el Casu hizo una oferta a la Municipalidad, en junio de 2017, para hacer uso de “su supuesto derecho de preferencia en la compra del inmueble”.
Abogados acapararon juicios
En el informe de la intervención, publicado el 27 de agosto, también se da cuenta de que la funcionaria municipal Deisy Yohana Balbuena Prieto, figura –en un “claro conflicto de intereses"– como abogada demandante en cinco juicios de la Municipalidad, que totalizan la suma de G. 45.826.266.000.
La abogada figura actualmente como “jefa de departamento” en la Dirección de Asuntos Jurídicos, con ingresos mensuales que alcanzan G. 15.019.841, según la planilla de salarios de julio de la Municipalidad.
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Cabe resaltar que Balbuena además fue beneficiada con un pasaje a Madrid, de G. 14 millones, que se pagó ilegalmente con el dinero del bono G8.
Otro abogado mencionado entre los que acapararon juicios es Andrés Gustavo Simón Flecha, que posee 31 juicios que totalizan una cartera judicial de G. 80.230.437.665.
“Hay opacidad en la comunicación y en la gestión de los abogados externos cuando la información es requerida para controles sobre el estado actual de los procesos judiciales y extrajudiciales de cobranza que están llevando”, dice el informe.
Director jurídico asegura desconocer denuncias sobre cajas paralelas
El director de Asesoría Jurídica aseguró desconocer o no tener constancia de varios escándalos que fueron objeto de denuncias públicas, como el caso de las recaudaciones paralelas orquestadas dentro del Mercado 4 y a través de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Sobre las denuncias penales realizadas por la intervención –una de ellas relacionada con las presuntas cajas paralelas que conllevaron al almacenamiento irregular de 100 actas de intervención en la Dirección de Salubridad–, Sabaté refirió que “todas las denuncias están en manos de la Fiscalía” y que “cualquier pedido de la Fiscalía” que se remita a la Municipalidad “es respondido en el plazo que ellos dan”.
Por otro lado, Sabaté manifestó que la denuncia relacionada con el desvío de los G. 512.000 millones que operó la administración de Óscar Nenecho Rodríguez se encuentra siendo investigado por fiscales de Delitos Económicos.
“Yo me puse a disposición de ellos para cualquier requerimiento que tengan. (...) Nosotros sí estamos abiertos a colaborar siempre”, resaltó.
Ediles y ciudadanos denunciaron casos de aprietes
Entre agosto y setiembre de este año, Última Hora recepcionó numerosos testimonios de personas que tuvieron inconvenientes a la hora de pagar sus tributos, atendiendo al esquema de cobros judiciales que el intendente Luis Bello dejó sin efecto el viernes pasado.
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En junio de este año, el edil Álvaro Grau denunció por su parte que existe una “cofradía” de abogados que cobraban millonarios montos “sin piedad” a los contribuyentes con la excusa de realizar las gestiones de cobro por impuestos adeudados.
Otro concejal, Juan José Arnold, también expuso que hay varios casos denunciados periódicamente por comerciantes de Asunción que manifiestan ser extorsionados y amenazados constantemente por cuadrillas municipales.
