El informe de la intervención a la Municipalidad de Asunción revela que al menos G. 126.056.703.665 fueron concentrados en manos de una funcionaria interna y un abogado externo, en un esquema de cobros judiciales
La funcionaria y un abogado externo concentraban la cartera de casos de la Comuna. De las gestiones no se cuenta con mayor detalle. Además, la Municipalidad aseguraba el cobro de los abogados bloqueando las cuentas municipales de los demandados, hasta el cumplimiento de sus obligaciones con ellos.
La cartera judicial total reclamada por la Comuna a nivel judicial en diferentes reclamos deobligaciones e impuestos, asciende a G. 822.326.312.912 (USD 109,6 millones). De dicho total, el informe se aisló a efectos de análisis una “Cartera de Riesgo Recurrente” de G. 154.818.260.377 (aprox. USD. 20,6), donde apunta que llama la atención la “hiperconcentración de casos en un número muy reducido de abogados externos de la Municipalidad de Asunción y la funcionaria Deisy Yohana Balbuena Prieto”.
Según se apunta en el documento, la funcionaria y abogada interna de la Municipalidad de Asunción, Deisy Yohana Balbuena Prieto, aparte de tener en su doble carácter de funcionaria y de abogada en un claro conflicto de intereses, figura como abogada demandante en 5 juicios de la Municipalidad que totalizan la suma de G. 45.826.266.000.
En esa misma cartera, se encontró que el abogado Andrés Gustavo Simón Flecha, tenía 31 juicios que totalizan una cartera judicial de G. 80.230.437.665.
Procedimiento arbitrario. La intervención, encabezada por Carlos Pereira, también eliminó el procedimiento que bloqueaba las cuentas de contribuyentes hasta que abonaran honorarios a abogados externos.
Este esquema privilegiaba a particulares en perjuicio de la Municipalidad, ya que el dinero ingresaba primero a los abogados y recién el saldo llegaba a la caja comunal.
El levantamiento de esta práctica permitió un aumento sustancial de la recaudación, lo que facilitó cubrir salarios y gastos operativos con recursos propios antes del cierre mensual en junio y julio.
Falta de control y opacidad. El informe advierte que la Municipalidad carece de un sistema formalizado para centralizar la información sobre juicios, lo que incumple las normas contables vigentes.
La falta de provisiones y revelaciones podría derivar en una presentación errónea de las obligaciones legales en los balances municipales.
Además, muchos abogados externos no rindieron informes sobre los procesos que llevan adelante, generando opacidad y riesgos patrimoniales. La intervención calificó este escenario como una “desinformación sistémica” que atenta contra la transparencia administrativa y los derechos de los contribuyentes.
a la Corte. El interventor solicitó una auditoría procesal y de gestión con apoyo de la Procuraduría y la Contraloría, al considerar que la cartera judicial y extrajudicial representa una parte sustancial de los activos municipales. Y planteó a la Corte Suprema de Justicia acelerar los procesos de ejecución de sentencia sobre certificados de deuda municipales, con miras a crear un encargo fiduciario que permita a los bancos gestionar el cobro de impuestos y tasas vencidos.
822.326 millones de G. tienen en procesos judiciales a cobrar. G. 126 mil millones tenían funcionaria y abogado.
