Esta medida de fuerza obedece al incumplimiento del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en cuanto a los rubros que afectan a cientos de docentes.
La medida de fuerza se realizó en el horario de 9:30 a 10:30 en las escuelas y colegios católicos del Departamento de Itapúa, donde los alumnos, directivos, docentes y padres de familia portaron carteles mediante el cual reclaman el respeto y cumplimiento del convenio entre el MEC y el CEP, la convocatoria a concurso de puestos para docentes y directivos, así como el nombramiento urgente de docentes.
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Destacan que los niños de escuelas subvencionadas también tienen derecho a la equidad e igualdad de derechos para docentes católicos, entre otros.
Las instituciones educativas subvencionadas están afrontando una difícil situación por la falta de respuestas a las necesidades de las escuelas y colegios en lo concerniente a los rubros para docentes, directivos y técnicos.
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La Pastoral Educativa de la CEP informó a la ciudadanía que esta situación afecta a 300 docentes, 119 direcciones de escuelas y colegios privados subvencionados, que en momento funcionan sin los rubros previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y que son suplidos actualmente con rubros privados, según destaca un comunicado de la Diócesis de Encarnación.
Asimismo, la Iglesia Católica —en representación de las instituciones educativas afectadas— realizó las gestiones ante los ministerios de Educación y Hacienda, además del Congreso Nacional durante cinco años, sin lograr una respuesta favorable hasta el momento.
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Aclaran que no piden la creación de nuevos rubros, sino que reclaman que el MEC libere los rubros vacantes, que ya fueron adjudicados a las escuelas católicas en su momento.
En los cinco años de lucha, el Ministerio de Educación no cumplió con estas escuelas en el sentido de autorizar la realización del concurso público de oposición, para que docentes y directivos accedan al salario profesional, según reclamó la CEP.
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Ante esta situación, solicitan al Estado una rápida solución a esta situación para evitar que los docentes tomen la drástica decisión de abandonar sus tareas, lo cual perjudicará a niños y jóvenes que estudian en estas instituciones educativas a nivel país. En caso de no obtener una respuesta al pedido, los afectados no descartan otras medidas de fuerza.
