Parece chiste, pero es anécdota. Al asegurado Édgar González le pidieron en agosto pasado por mensajes de WhatsApp la suma de G. 4.000.000 para acceder a una cirugía en el Servicio de Otorrinolaringología, en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS).
Ese monto, supuestamente, se invertiría en la compra de los insumos médicos, el alquiler de instrumental médico prótesis y también –aunque no lo admitían– era como un incentivo para acelerar la fecha de la operación, cuya lista de espera es por meses.
A Genaro Romero –nombre ficticio–, padre de un adolescente que estaba a punto de cumplir 18 años, que requería también una operación urgente le pidieron la suma de G. 4.750.000 para dar celeridad a los trámites antes de la mayoría de edad, porque después su hijo quedaría excluido de la cobertura como beneficiario. Estos fueron algunos de los casos que se conocieron con las denuncias públicas e incentivaron a otros a denunciar a la red corrupta del IPS.
La historia continúa con otros 15 casos de asegurados del IPS que se animaron a denunciar el modus operandi en el Servicio de Otorrinolaringología ante la Gerencia de Salud de la previsional, tras el cambio de autoridades y del gobierno.
Por un lado, algunos normalizaban el pago, otros dudaban y denunciaban, pero quedaban fuera del acceso a la cobertura médica. Así operaba la red corrupta que dejaba de lado a los que no podían pagar, a los que se oponían o a los que denunciaban.
Estos servicios que supuestamente se cubrían con la coima ya están estipulados y garantizados en la prestación médica con el pago mensual del Aporte Obrero y Patronal, pero en esta dependencia operaba la red que prácticamente chantajeaba a los asegurados, que debido al apremio de la operación accedían a pagar la coima, según los datos preliminares de una intervención a la dependencia.
El modus operandi de la red era buscar víctimas que requieran con urgencia la cirugía o aquellos adolescentes a punto de cumplir los 18 años y perder el beneficio. Es una estrategia maquiavélica para llenarse los bolsillos a costa de la necesidad de salud de los aportantes del seguro de la previsional.
Aunque IPS no es una clínica privada ni estética, funcionaba como tal desde hace cinco años, según el informe de la auditoría. Se presume que la red cobró fuerza durante la administración de Vicente Bataglia, que sigue bajo la lupa por presuntas malversaciones del seguro social.
Ese servicio operaba como si fuese una prestadora de servicios médicos del sector privado y con énfasis en tratamientos estéticos, es decir hasta hacían cirugías plásticas de la nariz. Sí, rinoplastia, un tratamiento estético que no cubre el seguro del IPS.
La forma de operar de esta red no solo muestra una de las tantas facetas corruptas del seguro social, sino que también revela cómo los funcionarios y médicos se toman el atrevimiento de instalar un servicio cuasiprivado y lucrar con la necesidad a costa de los asegurados a los que realmente sí les urge una operación.
Es necesario seguir denunciando este tipo de pedidos de coimas para acceder a la salud con el fin de que ya no se repitan en el seguro social. Y las autoridades deben endurecer los controles para garantizar el acceso a la salud sin coimas.
