21 nov 2026

Se suspende por séptima vez juicio de ex presidente de Indert

El juicio oral y público del ex presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ortigoza se suspendió este martes por séptima vez. El caso está enmarcado en una supuesta venta irregular de tierras de la Reserva del Mbaracayú.

Sexta suspensión.  Luis Ortigoza no tenía abogado y por eso pidió suspender el juicio.

Sexta suspensión. Luis Ortigoza no tenía abogado y por eso pidió suspender el juicio.

Por séptima ocasión se suspendió el juicio oral y público del ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Luis Ortigoza, que soporta un proceso por estafa, por la supuesta venta irregular de tierras de la Reserva del Mbaracayú, en Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú.

El Tribunal, presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por los miembros Daniel Ferro y Víctor Alfieri, había cancelado la personería del abogado anterior y debió asumir un reemplazo, para lo que fue designado el defensor público Carlos Arce, quien pidió la suspensión de la audiencia bajo argumento de no contar con copias del expediente, informó la periodista de Última Hora Marcia Martínez.

Leé más: Dos acusados del Indert que tenían rebeldía se presentaron

Los intentos de concretar las audiencias se realizan desde el 2016, pero son postergadas por diversas recusaciones a fiscales y jueces.

La acusación sostenida por la fiscala Yolanda Portillo señala que las tierras fueron supuestamente vendidas por Ortigoza mediante dictámenes jurídicos inexistentes e informes técnicos falsos, ya que nunca pertenecieron al Indert. Indica también que cinco lotes se ubican dentro del Refugio Biológico Mbaracayú, propiedad de la Itaipú Binacional, por lo que no podían ponerse en venta.

Los demás acusados en el caso son Feliciano Romero Rodríguez, Juan Ramón Sosa Fretes y Andrés Francisco Argüello Román.

Ortigoza afrontó otras causas

El ex presidente del Indert fue procesado por otras causas durante la presidencia de Federico Franco. Uno de los casos es la compra por parte del Indert de una propiedad de 5.742 hectáreas en Cordillera, de la empresa San Agustín SA, por G. 60.294 millones, de las cuales el Estado solo llegó a pagar G. 46.000 millones.

La segunda imputación fue por supuestamente adjudicar a un árabe un lote de 10 hectáreas, perteneciente al aeropuerto municipal de Capitán Bado, Amambay, y otra por presunta adjudicación irregular de 13 lotes ubicados en la colonia Pablo Lagerenza, del distrito de Bahía Negra, como tercer proceso.

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