Pobladores de la ciudad de Guarambaré temen que en los próximos días haya una confrontación a causa de la intención de la empresa azucarera La Felsina de desalojar a unas 600 familias que ocupan tierras fiscales en la zona desde hace más de un año y medio. Según los denunciantes, la empresa hace uso de parte del terreno, pero no cuenta con el título de propiedad, por lo que no pudo obtener una orden de desalojo. Algunos ocupantes afectados llegaron hasta la redacción de Última Hora y denunciaron que en esta semana comenzaron agresiones por parte de empleados de la empresa.
Mostraron videos en los que se observa a decenas de trabajadores de la azucarera llegar hasta el inmueble en camionetas y luego provocar incendios para lograr que los ocupantes se retiren del lugar. En este intento de desalojo, hubo varios heridos.
Dijeron que estaban armados con machetes y no querían ser grabados, y además, que fueron acompañados de funcionarios municipales, ya que La Felsina logró el apoyo del intendente Óscar Cabrera, de Honor Colorado, quien hasta declaró un asueto el pasado 5 de noviembre para acompañar a los directivos y trabajadores de la fábrica, según dicta la resolución.
Los ocupantes alegan que no tienen viviendas y que por ese motivo se asentaron en estas tierras hace más de un año y medio, junto con niños y adultos mayores, ya que pertenecen al Estado, pero la empresa usurpa el inmueble. A pedido de los pobladores, el Indert además abrió un expediente, ya que quieren la formalización.
Pero hace unos días, comenzaron los hechos de violencia. La fiscala Alejandra Vera imputó a 35 ocupantes, entre ellos, el dirigente Edgardo Benítez, por coacción, coacción grave y perturbación de la paz pública, por la confrontación, pero no por invasión, ya que no existe título. Ningún empleado de La Felsina fue imputado, tampoco los funcionarios municipales.
La fiscala fue denunciada recientemente por las víctimas de la mafia de los pagarés de hacer proselitismo para asegurar un puesto en Derecho UNA junto a varios ujieres procesados por el propio Ministerio Público. Años atrás, la agente había sido denunciada por supuesto soborno.
El abogado Justo Rodríguez afirma que la empresa comete usurpación de la propiedad. Anunció asimismo que van a denunciar penalmente al intendente por abuso de poder y usurpación del cargo. “No puede arrear funcionarios”, dijo.