Recientemente, el Gabinete del intendente de Asunción Luis Bello, por medio de sus administradores, informó tanto a los medios de prensa como a ediles de la Junta Municipal que, a partir de 2026, se iría reponiendo el dinero de los bonos con el dinero de la recaudación.
De este modo se justificó que el presupuesto municipal 2026, con proyección hasta 2028, expusiera G. 0 en la cuenta de saldo de bonos. Este vaciamiento de las cuentas que anteriormente se rendían en los balances municipales, y cuya individualización permitió que los ediles controlaran la disponibilidad del dinero en tanto se realizaban las obras, podría traer más oscuridad a la hora de controlar la ejecución de los recursos municipales.
El arquitecto y ex concejal Federico Franco Troche fue tajante al calificar esta maniobra financiera como un intento de “disimular” y “maquillar un fraude a la Municipalidad”. También aseguró que la ley de capitalidad, impulsada recientemente por el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, “es un proyecto que hay que tomar con pinzas, tal como se dice, porque surge en un periodo de campaña”.
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Mencionó que en el fondo del asunto siempre existieron “celos políticos de que se potencie mucho la figura del intendente”, motivo por el cual se presentaron trabas para hacer efectiva la normativa.
Troche advirtió, por otro lado, que la supuesta reposición de fondos con recursos genuinos es una falacia, señalando que “no es una reposición, porque el dinero falta, se perdió y de una manera que tiene una relevancia penal”. Para el arquitecto, la única reparación real ocurriría si los culpables respondieran con su patrimonio.
“La reposición sería en el caso de que los responsables de haber destinado el dinero a otros fines, paguen con sus bienes lo que tendría que estar en esas cuentas de los bonos”, afirmó. “Si nosotros vamos a endeudarnos para cubrir gastos corrientes, como es lo que se demostró en el informe del interventor, esa no es una reposición. Al contrario, tendría otra definición, es disimular, es maquillar un fraude a la Municipalidad”, añadió.
Puso en duda, por otro lado, que se puedan obtener los ingresos necesarios para financiar las obras y cubrir el agujero financiero provocado por la administración de Nenecho.
“Si esos ingresos están ya totalmente comprometidos al pago del salario y al pago de las deudas existentes, ¿de dónde va a sacar la Municipalidad para reponer esos G. 500.000 millones que faltan?”, cuestionó.
“Queremos una ley de capitalidad, no una ley para tapar los G. 500.000 millones que Nenecho enterró”.
El concejal Álvaro Grau (PPQ), en alusión al contenido del presupuesto de 2026, aseguró que se están operando maniobras de ocultamiento por parte del ejecutivo municipal. Según Grau, desde la intendencia de Luis Bello “están ‘disfrazando’ bonos, inflando números falsos, aumentando deudas ilegales y queriendo rematar la Costanera sin tener nada listo”.
“Como fundieron la figura de la Cuenta Única y usaron de forma ilegal, entonces ahora para poder seguir haciendo esta maniobra, eliminan la cuenta de saldo de bonos para no tener que devolver ahí y devuelven si es que quieren a una cuenta general”, criticó el edil.
Sobre una posible estrategia para cubrir el daño perpetrado por Nenecho, la diputada Johanna Ortega (PPS) afirmó que el oficialismo pretende que la ley de capitalidad, que actualmente se quiere impulsar desde el movimiento Honor Colorado (HC), podría ser utilizado para “generar una ley de impunidad que tape agujeros que tienen que devolver de su bolsillo quienes han robado de las arcas municipales”.
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“Queremos una ley de capitalidad, por supuesto que sí, independientemente a quién gobierne esta ciudad, pero una ley de capitalidad para que Asunción verdaderamente se desarrolle (...), no una ley para tapar los G. 500.000 millones que Nenecho enterró, no una ley de capitalidad para reponer todo lo que robaron con los detergentes de oro”, aseguró.
Ortega se refirió al caso de los detergentes, que ella denunció en el año 2021, como un ejemplo de lo que debería suceder con el millonario desvío señalado por la Contraloría General de la República y posteriormente confirmado por la intervención a cargo de Carlos Pereira.
“Hoy, los directores de ese momento están devolviendo dinero, reconociendo el hecho. Reconocen que sobrefacturaron”, refirió.
Aludiendo a la utilización de los recursos municipales, el concejal Humberto Blasco (PLRA) advirtió que tras la maniobra de “esfumar” bonos del presupuesto se podría entorpecer la fiscalización del pago efectivo de las obras.
Explicó que fue a través de las cuentas individualizadas de los bonos, que exponían los saldos, que se detectó la mala utilización de los fondos. “En el registro presupuestario figuraban estos saldos, pero en el registro bancario ya no estaba el dinero”, recordó.
Finalmente, el ex concejal Franco Troche subrayó la imposibilidad de que las cuentas de bonos figuren en cero cuando las obras aún no se han ejecutado, calificando este hecho como “absolutamente inadmisible”.
Explicó que en la época en que trabajó como concejal, por lo general se emitían bonos con montos que sí se podían ejecutar durante el periodo de gestión convencional de cinco años. “Pero si vos pedís un monto, como lo que solicitó el anterior intendente, una suma exorbitante que la Municipalidad no tiene capacidad para ejecutar, obviamente que lo que pasa con los bonos es que se destinen a otros fines”, consideró.
Asunción requiere una inversión de entre USD 4.000 millones y USD 8.000 millones, recuerda ex concejal
El edil ya había presentado, en 2017, un proyecto de ley de creación del fondo de capitalidad para darle a la ciudad un estatus legal acorde con las demandas que soporta.
La ley de capitalidad, como explicó, es una demanda histórica que se viene discutiendo desde el año 1996, aproximadamente, ante el hecho de que Asunción no posee recursos suficientes para encarar los grandes proyectos de infraestructura que su población requiere.
A diferencia de la Ley 3941/10 que solo sirvió para saldar deudas del Estado con el municipio durante un periodo específico, Troche sostiene que la ciudad necesita una herramienta legal permanente que reconozca su estatus especial.
Resaltó que para dar una respuesta efectiva a las demandas de infraestructura y de servicios, se precisa de una inversión aproximada de entre USD 4.000 millones y USD 8.000 millones. Estas cifras, según Troche, se desprenden de un estudio de 2013 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), en el marco de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES).
