El Instituto de Previsión Social (IPS) solicitará al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y a la Municipalidad de Asunción que cumplan con sus roles institucionales y no vuelvan a habilitar a la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), en medio de una disputa judicial por una deuda que supera los G. 18.000 millones.
El consejero Emilio Argaña denunció que existen influencias políticas por las que esta institución sigue operando con los permisos cuando se conocen irregularidades estructurales en el edificio. “Hay políticos y politiqueros”, se explayó Argaña, discriminando que los políticos hacen un bien a la comunidad y los politiqueros se sirven de ella.
El consejero José Emilio Argaña explicó que la deuda se arrastra desde aproximadamente 2010 o 2012 y que el monto mencionado no incluye intereses ni honorarios profesionales.
Según detalló, el reclamo comprende unos G. 5.000 millones vinculados a aporte obrero patronal (AOP) y otros G. 15.000 millones relacionados con alquileres del inmueble ubicado sobre Cerro Corá, entre Pa’i y Pérez y Perú.
La institución mantiene varios procesos judiciales contra la universidad. Uno de ellos, según explicó el asesor jurídico del IPS Pablo Morínigo, contempla un reclamo de aproximadamente G. 10.000 millones y ya obtuvo resultados favorables en las distintas instancias.
Actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, donde, de acuerdo con su explicación, falta un voto para que sea rechazada una acción de inconstitucionalidad.
Morínigo señaló además que la deuda está distribuida en otros procesos y que existen dos juicios de desalojo en trámite. En este punto criticó la estrategia procesal utilizada hasta ahora por la universidad que calificó de uso excesivo de chicanas y anunció que el IPS adoptará una postura más firme.
“Vamos a empezar a ser más agresivos en nuestra conducta procesal”, sostuvo Morínigo.
En ese contexto, planteó enviar notas al ministro de Educación y a la Municipalidad de Asunción para que ambas instituciones actúen dentro de sus competencias. Uno de los puntos cuestionados es precisamente la habilitación de la sede.
El consejero Argaña sostuvo que, además de la situación de la deuda, existen cuestionamientos relacionados con la infraestructura del inmueble, entre ellos la falta de una salida de emergencia contra incendios.
Según manifestó, si la Municipalidad deja de habilitar la patente y el Cones no vuelve a autorizar el funcionamiento, la universidad ya no tendría margen para continuar dilatando los procesos judiciales.
Durante la reunión, el presidente del IPS, Isaías Fretes, consultó qué tipo de irregularidades se estaban señalando y manifestó su preocupación por la situación.
“Parece que lo irregular se convirtió en normal”, afirmó Fretes, quien anunció que hablará personalmente con las autoridades correspondientes del MEC y la Municipalidad de Asunción.
Unasur con influencia política, nexos en IPS y la Municipalidad de Asunción
La Universidad Autónoma del Sur (Unasur) exhibe como su vicerrector al político colorado Turi Cappello, quien se desempeña a la fecha como asesor de la Presidencia, de Santiago Peña.
La institución también aparece vinculada a antecedentes que involucran a funcionarios y ex funcionarios públicos.
El 21 de agosto de 2026, Última Hora informó sobre el nombramiento de Carlos Reyes como nuevo jefe de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción. Reyes es hermano de Mirtha Reyes, rectora de la Unasur, quien se había candidatado como concejal de Asunción por el movimiento Honor Colorado.
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En ese contexto, el entonces abogado del IPS, Weldon Walter Black, señaló que existe una denuncia contra Carlos Reyes por una supuesta intervención, cuando era funcionario de la previsional en un proceso judicial en el que el IPS era parte y en el que habría defendido intereses de terceros.
Según la denuncia presentada el 29 de agosto de 2025 por abogados del IPS, Reyes habría promovido en abril de 2021 una acción contencioso-administrativa en representación de Educación Universitaria para el Desarrollo Económico y Social (Unasur), ante el Tribunal de Cuentas.
La denuncia sostiene que posteriormente, mientras Reyes ya se desempeñaba como funcionario del IPS, continuó realizando actuaciones dentro de ese expediente. El documento señala que el Consejo de Administración del IPS lo designó en 2023 como director de la Dirección de Riesgo Laboral y Subsidios.
Los abogados denunciantes sostuvieron que esta situación constituiría un conflicto de intereses, debido a que la Unasur mantenía obligaciones pendientes con el IPS y, paralelamente, litigaba contra la previsional por cuestiones vinculadas a inmuebles arrendados.
Defensa
Por su parte, Mirtha Reyes, rectora de la universidad, destacó que el tema fue tergiversado y que la deuda existente se heredó de la administración anterior y que buscan un acuerdo con la previsional para que les den un plan de pago.
“Siempre hemos presentado los papeles dentro del marco de los derechos que tenemos para poder expresarnos y que no estamos ajenos a abonar, planteamos un medio de pago”, expresó.
Acotó que no les parece correcto que se plantee el cierre de la institución, sino buscar soluciones al problema y de esa manera evitar perjudicar a los estudiantes.
“Cerrar no es la medida, se debe dar una fecha tope para que se cumpla con el requisito, no postergar la educación de estudiantes. Lo justo es sentarse a negociar, y que digan cómo se puede razonablemente abonar lo que ellos solicitan”, indicó al resaltar que son más de 2 mil jóvenes los que pueden ser afectados.
Reiteró que desde su institución se encuentran trabajando por la educación, apoyando con becas a muchos alumnos. Afirmó que cuentan con la habilitación municipal correspondiente y sobre la salida de emergencia, indicó que están abiertos a realizar las mejoras que sean necesarias.
