Años atrás, el Consejo del IPS había planteado un reajuste del 10% del canon a los arrendatarios; sin embargo, estos no aceptaron el incremento e igualmente permanecieron en el lugar con los contratos vencidos y siguieron pagando lo establecido en estos documentos no vigentes.
Ante este escenario, el Consejo decidió que se realicen contratos nuevos con estos arrendatarios con los reajustes de pago de alquiler y se analice la toma de medidas si no se llega al consenso.
El consejero José Emilio Argaña cuestionó la situación de los ocupantes y sostuvo que algunos actúan como si fueran propietarios de los inmuebles. Planteó convocar a un nuevo concurso y, en caso de que los actuales ocupantes no se presenten o no acepten las condiciones, avanzar con el desalojo, posición que no prosperó.
Por su parte, Hugo Díaz, director de Inversiones, explicó que el reglamento de inversiones inmobiliarias permite otorgar un nuevo contrato sin concurso cuando el inmueble no tiene contrato vigente, siempre y cuando el ocupante se encuentre al día con sus obligaciones. Y ante la dificultad que representaron los desalojos, planteó apostar como alternativa hacer contratos con los arrendatarios.
El asesor jurídico Pablo Morínigo propuso incorporar en los nuevos contratos una cláusula que permita al IPS tomar posesión del inmueble ante el incumplimiento de los pagos.
Morínigo también informó que en el Lote 7, correspondiente al juicio del IPS contra Eladio Torres, el expediente se encuentra próximo al dictado de una sentencia definitiva. En el Lote 12, ocupado por Víctor Raúl González, señaló que ya están dadas las condiciones para el desahucio.
Finalmente, el Consejo respaldó la propuesta de Inversiones y planteó ofrecer nuevos contratos a los mismos ocupantes, pero con los cánones actualizados, un plazo de dos años y la cláusula que permita recuperar el inmueble ante incumplimientos. “Si no acepta, vamos a tener que hacer el desalojo”, sostuvo Argaña.
La propiedad tiene una superficie de unos 3.000 m2, subdividida en 17 lotes, tres de ellos judicializados, uno libre para arriendo y los demás con contratos vencidos y ocupados. Entre enero y agosto de 2026, los ingresos por canon sumaron G. 923 millones, con un promedio mensual de G. 115,3 millones.
