La extrema presión ciudadanía y mediática que se ejerce sobre la investigación y el proceso penal por la terrible muerte de María Fernanda Benítez hacen que se desvirtúe totalmente la búsqueda de la tan anhelada Justicia para la joven embarazada y su hijo nonato.
Es que hay que cuidar que la pesquisa no se convierta en una caza de brujas, como ocurrió durante la pandemia, donde muchas personas fueron imputadas por hechos que ni siquiera eran delitos, solo para calmar a la gradería que pedía sangre.
Pero no hay que subestimar esta presión nacida de la indignación y la impunidad reinante en el país. Las informaciones desde Coronel Oviedo dan cuenta de que, incluso, varias personas se presentaron a incendiar la vivienda donde residía el principal sospechoso.
Es más, la presión ciudadana es tal que ningún abogado de la ciudad de Coronel Oviedo quiso tomar la defensa de los procesados, por lo que una profesional de Asunción tuvo que asumir la representación.
Si bien los abogados están en su derecho a tomar los casos que quieran, no hay que olvidar que incluso si Satanás estuviera procesado tiene derecho a la mejor defensa posible. Pero es de entender que la negativa se da por la presión ciudadana y mediática que existe en el lugar donde residen y trabajan.
¿Se imaginan si existiera el juicio por jurados? La sentencia para los procesados ya iba a estar cantada, si los elegidos para integrarlo eran pobladores de esta comunidad.
La Fiscalía debe cuidar su trabajo y no imputar por cualquier cosa traída de los pelos solo para calmar la sed de venganza, ya que no es búsqueda de Justicia si se pide imputación por el solo hecho de ser pariente del principal sospechoso.
Es en estos casos en los que la Justicia debería tener más cuidado para dictar una sentencia. Ya tenemos ejemplos como el caso Ycuá Bolaños, donde el juicio oral se interrumpió a sillazos lanzados por las víctimas y los parientes de los fallecidos.
Por eso, hasta sería mejor que los jueces que estarán en el juicio oral, si es que llega a esta instancia, sean de otra circunscripción, para evitar toda la presión que existe sobre el caso, y puedan desenvolverse con total objetividad, como dice la ley.
Es que el caso llegó a tal punto que los pescadores en río revuelto salieron a pedir que se juzgue a los menores como mayores, el aumento de las penas, la disminución de la edad de imputabilidad y hasta cadena perpetua.
Evidentemente, son cuestiones totalmente populistas que van de contramano con lo que dice la Constitución y las convenciones firmadas por el Paraguay.
No digo que todo esté mal, sino que hay que diferenciar muy bien qué es viable y qué no. Juzgar a un menor como mayor o dar cadena perpetua es algo imposible con la Carta Magna actual y la Convención de los Derechos del Niño, que es ley en nuestro país.
Sin embargo, la iniciativa de aprobar la “Ley Mafe”, un proyecto sobre búsqueda y localización de personas desaparecidas, que contempla la creación el Sistema de Alerta Mafe, en homenaje a la adolescente asesinada, y un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no me parece mala idea, teniendo en cuenta la cantidad de casos que se dan a diario.
No quiero que digan que apoyo a sospechosos, ni nada por el estilo. Solo sostengo que cuidemos la investigación, que no violemos derechos, que tratemos de ser objetivos, aunque nos duela la lamentable muerte de la joven de 17 años en la forma en que se dio.
La Justicia debe buscarse no como venganza, sino para evitar que el caso quede en el oparei, como tantos otros. Y que esa búsqueda se haga dentro del marco de la ley, para evitar luego que, como país, tengamos que asumir una mala investigación o la nulidad del proceso.
Las autoridades deben actuar con mucho más cuidado y objetivamente en esta causa. Es así que lograremos hacer Justicia por María Fernanda y su pequeño.
