Olga Fretes llegó hasta la Redacción de ÚH para denunciar que desde el 2018 está luchando para recuperar el acceso a sus cosas, sus negocios y hasta sus propiedades que, según afirma, ella construyó junto a su esposo, Julio César Espínola Medina. Desde ÚH, intentamos contactarnos con el denunciado para tener su versión de los hechos, pero no tuvimos respuestas.
La mujer relató el calvario que vive desde que presentó la denuncia. Contó que debido a una discapacidad física en el brazo izquierdo a causa de un accidente automovilístico, en el 2018 decidió viajar al exterior para realizarse un tratamiento médico, pero eso le valió para ser echada a la calle, porque su esposo no estuvo de acuerdo.
Al volver nuevamente al país, la mujer se encontró con un proceso de divorcio, las cuentas bloqueadas y en su contra, una orden de alejamiento a su casa y sus empresas.
“Hace ocho años que estoy con un juicio controvertidísimo de divorcio vincular, donde él tomó la Justicia para sacarme todo”, expresó la mujer. A su vez, la abogada, Gessy Ruiz Díaz, representante legal de Fretes, sostiene que el caso continúa con sucesivas demoras que hasta hoy dificultan resolver todo.
La denuncia que le dejó en la calle
De acuerdo con la explicación de Ruiz Díaz, cuando ella estaba en el extranjero, Julio César Espínola presentó una denuncia contra ella por supuesta violencia, en donde afirma que supuestamente Olga casi lo mata.
A la par, inició un juicio de divorcio y disolución y luego vació todas las cuentas conjuntas. “Él le deja en la calle a ella básicamente”, contó la abogada.
Por la causa de supuesta violencia, el juez de Paz de Lambaré ordenó que Fretes se aleje de la casa y también de las empresas, una medida que se iba a levantar cuando culmine el divorcio.
El magistrado fue recusado, y el expediente pasó a Villa Elisa, con el entonces juez Jorge Gabazza, con quien intentaron levantar las restricciones haciendo un acuerdo de horarios, para que ella logre trabajar en los negocios, pero el magistrado le negó.
Ante esta situación, Olga acusó al juez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y Gabazza fue removido del cargo en el 2022, por mal desempeño de funciones.
Hasta hoy, la víctima sigue restringida de todo. “Él se quedó con todo, se quedó con la casa, con el dinero. Él maneja todo, es administrador general de todos los bienes y a mí no me deja nada”, lamentó Olga.
Entre los negocios está una farmacia que, según su relató la mujer, fundó hace décadas y en el cuál también participó su esposo, así como en una distribuidora de productos anestésicos.
La mujer dijo que el esposo le pidió que ponga todo a su nombre, “porque él solo tenía garantías para licitar”, contó. La abogada menciona incluso que la familia de Olga aportó económicamente para que el matrimonio crezca económicamente.
Hoy, la empresa maneja cifras millonarias en ganancias. Solo en el 2022, la distribuidora obtuvo utilidades por G. 2.740 millones. Según documentos, a los socios le pagaron un cheque de G. 200 millones, mientras que Olga no ve un solo guaraní de eso.
Manutención de G. 5 millones
Ante la falta de ingresos, Olga cuenta que tuvo que reinventarse. Se mudó a otra casa donde vive con una hermana a quien describió como una “niña” con discapacidad.
Primero comenzó un trabajo con su hermano, y actualmente está impulsando una empresa dedicada a la comercialización de insumos hospitalarios.
“Me tengo que reinventar porque yo no puedo vivir de eso”, dijo, refiriéndose a la manutención de G. 5 millones que estableció el Juzgado para que su esposo le pase de manera mensual. De hecho, denunció que Espínola está moroso en la manutención y debe abonar de manera retroactiva la suma de G. 225 millones.
La mujer denuncia que a ella la culparon “de todo”, que incluso, trabajando en la farmacia supuestamente provocó el aborto de una joven. “Fui sobreseída, el informe forense del IPS dice que fue un aborto espontáneo por problemas de preclamsia y que ya había perdido al bebé tres días antes de ingresar a la farmacia”, cuenta.
Esa denuncia en su contra llegó hasta la Corte y, según documentos, se demostró su inocencia en todas las instancias. A esta farmacia ya logró ingresar después de cuatro años y con una orden judicial.
Hubo otra denuncia por apropiación de la plata del matrimonio y también enfrentó otra causa por supuesta violencia, donde las empleadas de la casa le denunciaron, supuestamente por pedido del esposo. En todas salió victoriosa, remarcó la abogada.
Denuncias por violencia económica
Olga le denunció a su esposo en tres ocasiones, pero sigue sin recibir justicia, afirma. Después de que la causa pasara por una seguidilla de fiscales, recientemente la fiscala Cintia Huespe, recibió informes victimológicos y hay algunos avances, pero aún no se formula imputación.
Uno de esos dictámenes habla que efectivamente la mujer fue víctima sistemática durante largos varios años. “Ni aun así la Fiscalía se dignó en imputarle en todo este tiempo”, cuestiona la abogada. “En definitiva, se instrumentó a la Justicia, para poder dejarla en la calle”, concluyó.
