De forma unánime, los magistrados Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete sentenciaron a la citada pena al ex jefe comunal, quien causó un perjuicio a la citada Comuna de G. 129.372.728, por el pago de dos cheques a Laura Bonet, en concepto de honorarios, sin justificación.
Además de aplicar la pena de dos años y medio de cárcel, los jueces remitieron a la Fiscalía una porción de hechos para que de nuevo investiguen al ex intendente Garay sobre la utilización de G. 2.247.569.949, que eran fondos que contaba el municipio, pero que en apenas cuatro meses disminuyeron.
El monto del perjuicio acreditado por los jueces difiere bastante de lo señalado por el fiscal Luis Albertini, quien sostuvo en su acusación que el daño a la Municipalidad era de G. 2.443.42.795, lo que no fueron probados, conforme los magistrados.
En sus alegatos, el representante del Ministerio Público había requerido la pena de 6 años de cárcel, mientras que la defensa a cargo del abogado Federico Hetter solicitó la absolución de culpa y reproche.
Los magistrados señalaron que de todos los hechos acusados, solo se comprobó el perjuicio patrimonial en el libramiento de dos cheques, dados el 9 y el 13 de diciembre del 2022, a la citada Bonet, en concepto de honorarios por fiscalización de obras, que no se justificaron.
Nulo trabajo intelectual
Indicaron que el fiscal tomó como base de su imputación y posterior acusación el informe final de la fiscalización hecha por la Contraloría General de la República, sin realizar ningún tipo de investigación o constatación de los mismos, “sin un trabajo intelectual del Ministerio Público”, afirmaron.
La jueza Elsa García, que explicó el fallo a las partes, dijo que se acusaron por 11 contratos de obras comunales que fueron analizados uno por uno. Dijeron que ante la falta de investigación fiscal, por medidas de mejor proveer, incorporaron los contratos y citaron a los contratistas para declarar.
Mencionó el documento firmado 19 de agosto del 2022, del acusado intendente Víctor Garay con José Martínez, dueño de Martínez Construcciones, por la suma de G. 162.205.432, por una obra que no culminó en el plazo estipulado, pero que sí se realizó.
Señaló que no hubo certeza en el informe técnico Juan Villalba al respecto, que incluso reconoció el margen de error, por lo que no se acreditó que hubo hecho punible.
Igualmente, la jueza García habló de las erogaciones realizadas a la firma Construcciones Brítez, de Laura Brítez y José Martínez. Explicó que los testigos corrobaron el inicio y su avance, por lo que tampoco vieron delitos.
Lo mismo pasa con los pagos de unos G. 155 millones a Guadalupe Construcciones, de Roque Pavón, que hubo un anticipo mayor al estipulado. Esto, porque se abonó la suma de G. 70.128.000, el 29 de noviembre del 2022, lo que superó la suma de G. 17.532.000 del monto estipulado como anticipo. Además, se cuestionó que el inicio de la obra se hizo antes de la firma del contrato. Sin embargo, tampoco vieron delitos.
También mencionó el contrato de la apertura de calles a través de la firma SIB Construcciones, de Marcos Benítez, donde se emitió un cheque por la suma de G. 85.500.000, cobrado por el contador de las Municipalidad, pero la investigación señaló que había respaldo documental.
Sobre los cheques firmados y endosados por el acusado Garay al presidir el Consejo de Desarrollo Municipal, por la suma de G. 157.343.807, aseguró que fueron cobrados por el tesorero Jorge González, pero las sumas efectivamente llegaron a los contratistas. También habló de otros contratos, pero que no hallaron perjuicios acreditados.
Remisión a la Fiscalía
No obstante, el Tribunal de Sentencia dispuso la remisión de los antecedentes a la Fiscalía para ser investigados a Sonia Brítez, una ama de casa sin experiencia en construcciones, y Nilsa Godoy, que tampoco tiene experiencia como contratista.
Asimismo, remitió los antecedentes del funcionario municipal Juan Zayas, por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado y Roque Ortiz por supuesto soborno.
Esto, porque Ortiz declaró en el juicio oral que había realizado varios trabajos para la Municipalidad, por lo que le abonaron por ellos, pero que Zayas le pidió parte de ese dinero, ya que iban a venir otros proyectos, por lo que le compartió casi el 50% de ese dinero.
De esta manera, llamaron para declarar a Juan Zayas, funcionario municipal, que negó haber recibido ese dinero. Con esto, remitieron los antecedentes para la investigación.
Los jueces señalaron que la Fiscalía no probó gran parte de la acusación, por el poco trabajo investigativo. Finalmente, dijeron que el Tribunal fue el que constató el monto del perjuicio, equivalente a G. 129.372.728 en los dos cheques.
Argumentaron que hubo concurso de delitos por cada cheque emitido, y dijeron que el marco penal iba hasta los 7 años y medio de cárcel. De esta manera, condenaron al ex intendente Víctor Garay a la pena de dos años y medio de cárcel.
