Eduardo Petta dijo que tras evaluar la gestión de la viceministra no encontró resultados y que no puede trabajar con alguien que oculta información y que cajonea proyectos.
Considera que la crisis desatada en el MEC es una oportunidad que se debe aprovechar. Dijo que Ovelar en todo momento se mostró competitiva y en oposición al criterio del ministro.
Rumores. Altas fuentes del Gobierno adelantaron ayer la inminente la salida de la viceministra de Educación Básica del MEC, Ovelar, tras la fuerte disputa con el ministro de Educación. Los rumores no se disiparon. Funcionarios de la cartera educativa aseguraron que incluso la hermana de la ex ministra y actual senadora Blanca Ovelar se habría despedido de sus cercanos en la oficina del Viceministerio de Educación Básica, en el segundo piso del edificio Ramón Indalecio Cardozo, ubicado sobre 15 de Agosto y General Díaz.
Pero ante las consultas de nuestro diario, Ovelar prefirió el silencio. Eligió no responder mensajes ni atender llamados a su teléfono celular. Su última aparición ante los medios fue el pasado domingo en el programa de Latele, donde cantó, pero no habló de la crisis en el MEC. Funcionarios cercanos a Ovelar aseguraron que estas versiones no son ciertas. Confirmaron que se dio un encuentro, pero fue organizado por ellos, para brindarle apoyo a Ovelar
Mientras, el titular del MEC ratificó ayer la investigación contra el marido de Ovelar, el ingeniero José Carlos Gorostiaga, quien forma parte del consorcio Ingser Gorostiaga XYZ, contratista del Estado para verificar obras escolares.
El profesional es además docente del Estado con rubros en el Colegio Técnico Nacional (CTN), algo supuestamente irregular. Precisamente, el conflicto entre Petta y Ovelar comenzó cuando se inició la investigación al consorcio por parte de la Dirección de Anticorrupción de la cartera educativa, a cargo del abogado José Casañas Levi.
El consorcio Ingser Gorostiaga XYZ fue adjudicado para fiscalizar obras del MEC, siendo el ingeniero José Carlos Gorostiaga, esposo de Nancy Ovelar, uno de los coordinadores de la firma privada. Ocurre que el profesional es también docente del Estado, por lo que habría un conflicto de intereses, de acuerdo con las autoridades de la cartera estatal.
Hay otras presuntas irregularidades, además de compartir con otras firmas privadas el hecho de cobrar por obras que aún no fueron verificadas. Por interpretación contractual, la empresa pide USD 100.000 para seguir trabajando. Para MEC y Contrataciones Públicas, consorcios deben seguir los controles hasta la entrega de obras.
