La entrevista que concedió Hernán Rivas a periodistas de Radio Monumental permite dudar hasta de su título de bachiller. El empresario Juan Grassi hizo una declaración que, en otro contexto, sería escandalosa: “Un completo imbécil puede remover a jueces y fiscales”. Hoy, fuera del insulto, es más bien una interpelación a la comunidad jurídica paraguaya: ¿Cómo pudieron admitir la humillación de que este sujeto llegara a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados?
La verdad, uno no sabe qué tendrá Rivas para que todo el cartismo se encapriche tanto en defenderlo. Porque, fíjese usted, para salvarlo, han obligado a mentir al Ministerio de Educación al hacerle elaborar tres certificados de estudios distintos. Bueno, eso es lo de menos, los honorables doctores de la Corte Suprema de Justicia no se animaron a hacer nada contra él. Y, Santiago Peña, tampoco se avergüenza de él. Allá ellos, si ese muchacho es abogado, yo soy noruego.
Con furiosa rapidez, la Cámara de Diputados trató uno de los proyectos de ley más disparatados de los últimos tiempos. Lo llaman “de devolución premiada”. El proyecto establece que si un funcionario público devuelve lo que sustrajo, se puede reducir su pena hasta un 50%. Los juristas consultados destrozaron los argumentos de Yamil Esgaib advirtiendo que era una verdadera invitación al robo; que era inconstitucional porque favorecía solo a los funcionarios públicos y no a los ladrones privados; además de tener decenas de inconsistencias técnicas y de concordancia con el Código Penal. Se aprobó con aplausos y zapateo.
Con similar velocidad el Senado terminó de amputar por todos lados la ley de conflictos de intereses, que buscaba eliminar las puertas giratorias entre el Estado y el sector privado y la trazabilidad de los vínculos familiares. La idea del proyecto era obligar a los parlamentarios a declarar si tenían algún conflicto de interés familiar cuando se trataba un proyecto que podría favorecerlo de algún modo. Los senadores lo modificaron tanto que solo sobró un mamotreto frankensteniano inservible.
Esta semana de tropelías cartistas culminó con la aprobación al trote de la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Fue una magistral demostración de torpeza política. La ley era necesaria y estaba pendiente hace rato. El Partido Colorado tiene mayoría en ambas Cámaras. Había dos o tres artículos conflictivos y el temor de que el gobierno meta mano en los fondos del IPS. Nada que no se pueda resolver con diálogo político y suficientes explicaciones técnicas. Hablar, escuchar, ceder un poco y luego votar. Eso lleva a la legitimidad.
Pero no. Venció el cartismo bruto y prepotente. Para qué somos mayoría si no vamos a usarla. Todo a los apurones, cierre de debate y gritos. En vez de un técnico confiable, pusieron de vocero a Bachi, con reminiscencias de Cooperativa San Cristóbal y lotes de Remansito. Justo lo contrario a la confianza que se necesitaba transmitir.
Así, lograron resucitar un sindicalismo que se creía muerto, volvimos a ver imágenes de humo, sangre, violencia urbana y manifestantes apresados. Luego, tarde, hicieron lo que tenían que hacer, poner a sus ministros civilizados a explicar, cambiar lo que estaba mal y dejar de comportarse como cavernícolas. El clima mejoró, pero Santiago Peña ya había sufrido un innecesario desgaste político por una cuestión que pudo haber sido mejor manejada.
Al comenzar, dije que intentaría no perder tiempo comentando las anécdotas. No pude evitarlo. Pero estoy a tiempo de decir algo sustancial. La enorme hegemonía cartista en los tres poderes del Estado no trae buenos augurios. Es un movimiento innatamente autoritario y las instituciones son contrapesos democráticos que deben ser preservadas. Lo que parecen historias risueñas son, en realidad, golpes aviesos y sistemáticos a la seriedad y respeto de las instituciones de la República. Justamente aquellas que, se supone, le deberían poner freno a los excesos del poder. Cuando pienso en eso, Rivas no me causa gracia.
