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Organizaciones en contra de terna conformada por jueza denunciada

Varias organizaciones sociales expresaron su preocupación por una de las ternas conformadas por el Consejo de la Magistratura (CM) para el reemplazo de la vacancia en la Corte Suprema de Justicia. El caso guarda relación con la magistrada María Elodia Almirón Prujel, denunciada por el Centro de Adopciones.

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) emitieron este jueves un comunicado en contra de la terna conformada por el Consejo de la Magistratura para la vacancia de Alicia Puchetta en la Corte Suprema de Justicia.

Para las organizaciones, es preocupante que dicha terna incluya a la jueza María Elodia Almirón Prujel, denunciada por el Centro Nacional de Adopciones por una supuesta adopción irregular que data del 2009.

El caso guarda relación con una mujer que había abandonado a su bebé recién nacido. El niño fue abandonado frente a una iglesia de Asunción y el Centro de Adopciones empezó el proceso para encontrar a la familia biológica.

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Durante ese tiempo, el niño estuvo a cargo de una familia acogedora hasta que la jueza María Rosa González ordenó que su colega María Elodia Almirón Prujel y su esposo queden a cargo del menor.

Según el comunicado, dicha adopción irregular llevó, en 2011, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a dictar medidas cautelares con el fin de proteger los derechos del niño y garantizar el vínculo con su familia biológica.

Asimismo, señala que estos hechos hacen parte de un caso que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar la responsabilidad internacional de Paraguay por las afectaciones a la integridad, el derecho a la identidad y la protección de la familia, entre otros derechos vulnerados.

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Las agrupaciones sostienen que el niño recién pudo retomar el contacto y vínculo con su familia biológica en el año 2011, por orden la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Agregan que la familia de la magistrada fue obligada a enfrentar siete juicios en diversos fueros, uno de los cuales sigue pendiente de resolución, precisamente, ante la Corte Suprema de Justicia.

"Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y la Corte IDH y el caso que hoy sigue en trámite ante la CIDH evidencian cómo la administración de Justicia de Paraguay, incluyendo la propia Corte Suprema, obraron contrariamente a la ley y el derecho", lamentaron.

Por su parte, en su audiencia pública, Almirón se limitó a decir que actuó conforme a la Justicia y no dio detalles del caso atendiendo que hay un menor de por medio.

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