Por un pagaré que firmaron en el 2016 por G. 2.700.000 ahora son demandadas por la suma de G. 247.000.000.
Las denunciantes mostraron el “4” y el “0” que afirman que fueron agregados después en el documento.
“Yo prestaba dinero de Diego Ismael Meaurio Melgarejo, un usurero, prestamista particular. Yo era consciente de la usura y pagaba eso”, contó Clotilde, quien se dedica a la compraventa de tambores sobre la ruta Transchaco.
Por cuatro años relata que trabajó con él, sacando créditos de entre G. 2 millones y G. 5 millones. Cancelaba un préstamo y volvía a pedir otro. “Necesitaba pues para trabajar. Soy viuda con una hija sola, tenía que pagar su estudio”.
Clotilde contó que después el hombre se enteró de que el título de su casa estaba a nombre de la hija, Isabel.
Ese año, 2016, la mujer volvió a pedir un crédito, pero Meaurio le habría pedido que esta vez firme su hija.
Isabel detalla que el hombre fue hasta la cabina telefónica donde ella trabajaba y, como ya tenía la autorización de su madre, firmó.
“Le pedí que complete todo en letra, en número, y él me dijo, ‘firmame nomás, yo cuando llegue a casa voy ya a completar todo, para no quitarte tiempo’, porque justo yo tenía mucha gente”, precisó la joven.
Ella cuenta que confió y que firmó por G. 2.700.000. Pero en el pagaré de la demanda aparece G. 247 millones.
La abogada Inés Leiva confirmó que esta sería parte de la estrategia que usan, ya que, además, le hicieron firmar un contrato de compraventa.
Por perderlo todo
Clotilde se había enfermado tiempo después y entró en terapia y tuvo tres cirugías.
“El negocio prácticamente se bajó por el suelo y él ahí me ofreció un capital de G. 20 millones para volver a trabajar. La cláusula era que le teníamos que dar el contrato de compraventa de la casa, por si no le pagábamos”, contó.
Ambos créditos se pagaron todo, contaron las mujeres, pero, de igual manera, se inició un juicio ejecutivo, primeramente en el Juzgado de Paz de Mariano Roque Alonso y, a la par, la misma demanda en el Juzgado de Primera Instancia, donde se presentó el contrato de compraventa de la casa.
“¿Cuáles son las irregularidades? Una posible adulteración de un pagaré, una simulación de acto jurídico y todo encaja en lo que nuestra legislación dice sobre estafa”, dijo la abogada.
En el primer juicio salió el embargo de la casa, que lograron levantar. En la segunda demanda, la jueza María Raquel Vargas. ya sacó la resolución para ejecutar el desalojo de la casa, pero la abogada Inés Leiva ya apeló esa resolución.
Ahora está en manos de los camaristas Miguel Ángel Rodas, Enrique Luis Mongelós y Giusseppe Fossati resolver si revocan o no la resolución.
