A metros del tradicional bar asunceno San Roque, frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) está acampado un nutrido grupo de campesinos desde hace un año. Llevan tanto tiempo allí que se integraron al paisaje urbano y ya nadie recuerda el motivo de su interminable protesta. En realidad, exigen que el Gobierno cumpla la promesa de titular sus tierras, hecha hace una década y no realizada hasta ahora.
Si las carpas de los “sin tierra” dejaron de ser noticias, el Indert, sin embargo, ha vuelto a los titulares de los diarios. Es que, en estos días, durante unos allanamientos realizados por la Policía Nacional en busca de una red de narcotraficantes, apresaron casualmente a Luis Ortigoza, quien había sido presidente de la institución durante el gobierno del liberal Federico Franco. El hombre estaba prófugo de la Justicia desde hacía seis años.
Tenía órdenes de captura por un rosario de casos de corrupción entre los que se contaban el intento de vender el predio del aeropuerto de Capitán Bado a un comerciante árabe; la adjudicación ilegal de lotes en el Chaco; negociar tierras de la reserva Mbaracayú y la compra irregular de más de cinco mil hectáreas de la empresa San Agustín, propiedad del entonces senador Jorge Oviedo Matto, en Cordillera.
Casi simultáneamente entraba a la cárcel el ex diputado del Partido Patria Querida, Carlos María Soler, para cumplir una condena de cuatro años. El hombre había sido gerente de créditos del Indert a comienzos del gobierno de Horacio Cartes y fue descubierto extorsionando a un estanciero del Chaco bajo la amenaza de que un inmueble no le sería adjudicado.
De modo que, gracias a esta coincidencia, se ha vuelto a hablar del Indert, un organismo en el que la corrupción es participativa y democrática. Porque si bien los dos casos a los que hacemos referencia, por haber ocurrido esta semana, afectan a personas de partidos opositores, los colorados también tienen sus meritorios representantes.
El más insigne de ellos es Justo Pastor Cárdenas, ex presidente de la entidad, imputado en 2018 por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Ministerio Público demostró que Cárdenas no tenía cómo demostrar la procedencia de unos 400.000 dólares de sus cuentas. Después de una larga batalla judicial, el año pasado fue condenado a siete años de prisión.
La lista de funcionarios de menor rango –o menos conocidos– imputados por distintos tipos de actos ilícitos es tan numerosa, que no cabría en esta columna. Varios de sus presidentes dejaron el cargo con estelas de sospechas y denuncias.
Horacio Torres abandonó la presidencia del Indert con sus oficinas allanadas tras un escándalo de coimas en 2019, aunque no tuvo procesos judiciales. Su sucesor, el político colorado Mario Vega fue destituido y detenido poco tiempo después, luego de ser imputado en una investigación por lesión de confianza, cohecho pasivo y cobro indebido de dinero para la adquisición de tierras en el Chaco. El año pasado, luego de otro largo proceso, fue absuelto por un Tribunal de Sentencia, aunque la penosa travesía judicial le costó el olvido político.
Los últimos presidentes, Gail González y, el actual, Francisco Ruiz Díaz, parecen haber logrado avances en la transparencia de la institución. Supongo que la tarea no es fácil, pues a fines de 2023 fue destituido por corrupción el propio director de la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción y el año pasado hubo una barrida de funcionarios coimeros. Uno de ellos había ganado notoriedad por exhibir en la red X su compra de un vehículo de 95.000 dólares.
El problema de la tierra en el Paraguay es estructural y ancestral. Pero poner a deshonestos al frente del Indert profundiza el drama. Alguna vez, el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, describió al Indert como una madriguera de corruptos. Yo, insuflado de inexplicable optimismo, no me animo a decir que estamos mejor, pero sí que, antes, estábamos peor.
