Es un buen momento para suplir décadas de ausencia de políticas públicas sostenidas. Es el caso del panorama macro que puede ordenar, dar previsibilidad y anclar expectativas, pero no reemplaza un Estado que nunca logró ponerse en marcha en las áreas más sensibles.
Año tras año repetimos la misma estructura económica y social, sin lograr avances significativos. Y la ciudadanía, cansada, ya no quiere procesos: Quiere resultados. No es una exigencia injusta. El proceso siempre fue postergado, nunca comenzó realmente, porque el plan de corto plazo fue siempre salvar el momento, aunque eso significara hipotecar el futuro.
Tras la pandemia, Paraguay quedó con poco margen de maniobra. Hoy, incluso en un escenario macroeconómico favorable, la capacidad de inversión sigue limitada a sectores prioritarios, mientras otros permanecen rezagados. Sostener un plan fiscal austero es especialmente difícil cuando las demandas sociales aumentaron y la recuperación económica de los pequeños sectores productivos avanza con lentitud.
A esto se suma una institucionalidad débil, que vuelve todo más caro y más lento. La respuesta presupuestaria es limitada y la burocracia es un obstáculo. Así, lo poco que se tiene no se aprovecha plenamente porque se destina a atender urgencias acumuladas.
Los episodios recientes lo evidencian: Atrasos en pagos del Ministerio de Salud, demoras en el programa Hambre Cero, intereses impagos en obras públicas y retrasos en los subsidios del transporte. En teoría, la mayoría de estos compromisos contaban con recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación. La pregunta es inevitable: ¿Dónde se formó el cuello de botella? ¿En las carteras que deben transferir según programas ejecutados o dentro de las propias instituciones, que no logran gestionar con eficiencia sus recursos? En este contexto, es clave recordar que la regla fiscal del PGN 2025 fija un déficit de 1,9% del PIB. Esta regla no es solamente una obligación del Ministerio de Economía: debe ser observada por todas las instituciones del Estado porque es un compromiso país. Su cumplimiento es un proceso de largo plazo que, de mantenerse, permitirá reducir gradualmente la deuda pública. Pero mientras la deuda aún no puede ser utilizada como antes para apalancar inversiones, surge inevitablemente la necesidad de plantear nuevos ingresos o estrategias alternativas. Una de las apuestas del Gobierno es atraer más inversiones manteniendo un esquema tributario bajo. El planteamiento es claro: Traer capital externo a cambio de estabilidad fiscal y reglas amigables. Sin embargo, aún está por verse si esta estrategia será suficiente para responder a las urgencias inmediatas de la ciudadanía y compensar la falta de recursos internos.
El problema ya no es solo que falte presupuesto para nuevas necesidades: Ahora preocupa incluso el incumplimiento de obligaciones ya pactadas. Los retrasos ponen en riesgo a miles de trabajadores cuyos empleadores dependen de estos contratos. En Paraguay, el eslabón más débil siempre paga la cuenta.
Y la falta de previsibilidad tiene un costo directo: Cualquiera le vende más caro al Estado. Cuando no se sabe con certeza cuándo se cobrará, el riesgo se traslada a los precios. Así, el Estado termina pagando más por un servicio que podría costar menos, perpetuando el problema de ineficiencia que tanto se critica. La macroeconomía sana es una base importante, pero no reemplaza al resto del edificio. Sin reformas estructurales, sin institucionalidad y sin planificación real, seguiremos viviendo de parches.
