Lamentablemente, esa débil esperanza de cambio no incluye a los sectores donde estos absurdos salariales se dan con mayor frecuencia y alevosía, alcanzando la mayoría de las veces niveles de escándalo. Me refiero, obviamente, a las empresas del Estado en general y, en particular, a ese paraíso soñado por cualquier operador político, alpinista de espíritu y hurrero de profesión: las entidades binacionales, nombre rimbombante, cuyo objetivo primero es ocultar que siguen siendo básicamente empresas públicas.
Antes de recordar por qué nada crispa tanto a la masa como las generosas remuneraciones de Itaipú y Yacyretá, conviene repasar un par de situaciones claves para entender la dimensión del cabreo popular.
Lo primero es que como en todo país subdesarrollado y con un modelo político basado en la clientela electoral, el promedio de los salarios que paga el Estado casi duplica al de los salarios del sector real de la economía, el sector privado. En un mercado pequeño como el nuestro, en el que el sesenta por ciento de los empleos son informales, sin seguridad social ni garantías de percibir cuanto menos el salario mínimo legal, entrar a la nómina pública es ya de entrada un privilegio.
Lo segundo es que las binacionales no son cualquier empresa; son hidroeléctricas, monumentales obras de ingeniería que no compiten con nadie y cuya única función es convertir la fuerza hidráulica del río en electricidad. Estamos hablando de un rubro eminentemente técnico que requiere de un altísimo nivel de especialidad. Hablamos además de empresas que manejan ingentes cantidades de recursos debido al volumen monstruoso de sus ventas.
Este es el escenario ideal para que la clase política haga de las suyas.
Dada la complejidad de las hidroeléctricas y el nivel de conocimiento y responsabilidad que requiere su operación, es lógico que los salarios de los técnicos estén a la altura de sus pares en el mundo. Eso no tiene por qué incluir a ningún otro personal cuyo ingreso debe responder a la realidad del mercado local. Pero ahí metieron la mano los pillos de siempre y ajustaron todos los ingresos a niveles que compiten con una represa en Dubái.
La segunda movida fue llenar la nómina de cargos administrativos con la suficiente ambigüedad con respecto a sus funciones prácticas como para que el puesto lo pudiera ocupar cualquiera capaz de firmar con una x su contrato. Y listo. Ya podíamos construir una nueva casta de cortesanos del poder con ingresos delirantes y funciones casi desconocidas.
He aquí la causa principal de la bronca ciudadana. La exhibición impúdica de casos como el de la nuera del ex senador Juan Carlos Galaverna –encarnación del modelo político paraguayo– y esposa del actual senador Juan Carlos Nano Galaverna, la señora Diana Rosa Centurión de Galaverna, quien ocupa el cargo de “asesora de turismo” en Itaipú, con una remuneración de ¡68 millones de guaraníes!, doblando el salario de la ministra de Turismo e incluso del propio presidente de la República.
Esto mismo ocurría con la administración de Abdo Benítez, de Cartes, de Lugo, de Nicanor, de González Macchi, de Cubas, de Rodríguez y de Stroessner… y seguirá ocurriendo mientras la bronca sorda no se convierta en una presión real para acabar con este reparto delirante y obsceno de los cortesanos del poder.
