La convergencia hacia un menor déficit fiscal es importante para la credibilidad, pero su sustento es frágil cuando el ajuste recae mayormente en la inversión, puesto que frenaría el desarrollo del país.
El 2025 es un buen año, de olas y mareas altas, lo que significa que los negocios estarían mejorando, con las ventas y los empleos en niveles altos.
Ahora, la marea alta puede ocultar dificultades a futuro. Por eso, es importante implementar políticas razonables, que permitan sostener el crecimiento de la economía hacia delante.
En ese sentido, el proceso de convergencia fiscal –baja gradual del déficit fiscal hacia el límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal– es clave para la credibilidad de la política económica. Sin embargo, la forma en cómo se consiga esa convergencia importa tanto como la meta misma, puesto que puede tener efectos positivos o negativos, a corto y mediano plazo, dependiendo de dónde recaiga el peso del ajuste.
Es un buen momento para reducir el déficit fiscal, puesto que la economía está creciendo a un ritmo alto. Además, varios trabajos del recordado economista Alberto Alesina confirman que los planes de austeridad fiscal, basados en recortes del gasto, son menos costosos en términos de crecimiento económico, en comparación con los planes basados en subas de impuestos.
Ahora, la literatura más reciente, como el trabajo de Alejandro Izquierdo y otros economistas, muestra que los ajustes fiscales menos dañinos son aquellos que protegen a la inversión pública, recortando principalmente el gasto público ineficiente o improductivo.
La inversión pública en infraestructura es muy importante para el avance de un país en desarrollo, debido a que tiene un efecto multiplicador positivo sobre la economía en el corto plazo y también eleva el potencial productivo del país a mediano plazo.
Por lo tanto, los ajustes que reducen el déficit fiscal mediante recortes de la inversión pública pueden generar pérdidas potenciales, lo que parece ser el caso actual dada la ejecución presupuestaria y los atrasos.
Cuando la marea alta vuelva a su nivel normal, quedaría a la vista un menor stock de infraestructura, menos empleos y una menor productividad, todo lo cual significaría un menor crecimiento potencial.
Es cierto que la reducción del déficit fiscal podría contener la suba de la relación de la deuda pública sobre el producto interno bruto (PIB). Sin embargo, esta es una visión miope cuando se trata de un ajuste con menor inversión, ya que posteriormente el PIB crecería a un menor ritmo, lo que podría revertir el resultado anterior.
Es una miopía que puede tener otra arista dañina, que guarda relación con la estructura fiscal luego del ajuste. Reducir la inversión puede empeorar la composición del gasto público de manera duradera.
Si bien el contexto era distinto, la experiencia de ajuste fiscal del 2003 ofrece una evidencia clara. En aquel tiempo, de la mano de un programa con el Fondo Monetario Internacional que también buscaba bajar el déficit fiscal, la inversión pública tuvo una contracción continúa, del 3,1% del PIB en el 2002 hasta el 1,2% en el 2008. La recuperación del espacio fiscal para la inversión tomó bastante tiempo, lo que terminó ampliando la brecha de infraestructura.
Dos años atrás la inversión pública estaba en el 2,6% del PIB, valor que podría terminar cerca del 1,5% en el 2025. Esto sería algo mayor si se dimensionaran las obras ejecutadas por la Itaipú Binacional, que son realizadas con recursos transitorios por fuera de la Administración Central.
Las mejoras recientes de los regímenes de incentivos para la inversión privada (asociaciones público-privadas, inversiones, maquila y otros) podrían ayudar, pero por la debilidad del sistema judicial tendrían limitaciones, y difícilmente sustituyan el rol que juega la inversión pública tradicional. Esta última seguirá siendo importante, especialmente en los proyectos de menor rentabilidad.
La construcción de institucionalidad requiere de políticas públicas que evalúen exhaustivamente los efectos de sus acciones sobre la economía, con un enfoque vaya más allá de la mera gestión de caja.