El 15 de junio de 2012, la incursión de más de 300 efectivos policiales antimotines y de una comitiva fiscal judicial a las tierras ocupadas de Marina Cué, cuya presunta propiedad era reivindicada por el empresario y político colorado Blas N. Riquelme, derivó en un enfrentamiento a balazos, que costó la vida de 6 policías y 11 campesinos.
Es considerado el más grave conflicto agrario ocurrido desde la caída de la dictadura stronista, que precipitó una crisis y ocasionó el juicio político y la destitución del presidente de la República, Fernando Lugo, a través de un juicio político en el Congreso Nacional, el 22 de junio de 2012.
La investigación fiscal y judicial ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la ciudadanía, por investigar solamente la muerte de los policías y no la de los campesinos, además de exhibir graves irregularidades en todo el proceso.
Tras un conflictivo juicio oral, en julio de 2017, los jueces Ramón Zelada, Benito González y Samuel Silvero condenaron a 11 campesinos, entre ellos a Rubén Villalba a 30 años de cárcel y 5 de medidas de seguridad, y a los demás entre 20 y 4 años de encierro. Posteriormente, en julio de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso de casación y revocó las condenas, dejándolos a todos en libertad, alegando falta de fundamentación y de justificación de la responsabilidad penal, entre otras graves irregularidades del juicio.
Última Hora recuerda este acontecimiento en su revista especial publicada el 8 de octubre por su aniversario 45.
