Fue fallo unánime de los jueces Adriana Planás, Matías Garcete y Elsa García, quienes rechazaron el pedido de los abogados Juan Marcelo Bogado y Carlos Arévalos Giret, defensores de los acusados.
Los abogados habían promovido un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la resolución que fijó para el 24 de noviembre, a las 8 horas, para la realización del juicio oral contra los procesados.
El argumento de la defensa es que la resolución del pasado 30 de julio, que elevó la causa a juicio oral, no estaba firme aún.
Esto, porque si bien el Tribunal de Apelación Especializado ratificó lo resuelto por el juez el 17 de octubre pasado, la defensa apeló de nuevo ese fallo ante la Sala Penal de la Corte.
Con ello, dicen que no se puede realizar el juicio hasta tanto los ministros se expidan respecto al recurso de la defensa de Kueider y Guinsel.
Además, refieren que el juzgado de Garantías remitió el expediente a los jueces de Sentencia sin que haya dictado resolución alguna.
Por su parte, el fiscal de la causa, Ysrael Villalba, solicitó el rechazo del recurso porque el cuestionamiento de la defensa no es contra la resolución de fijar el juicio oral, sino contra resoluciones de otro órgano.
Ya en el análisis de los jueces, dicen que no hubo irregularidad alguna, ya que una vez que el juez de Garantías recibió el expediente del Tribunal de Apelación, lo remitió a los magistrados para el juicio oral.
Sobre el recurso planteado ante la Sala Penal de la Corte, los jueces advirtieron a la defensa que adecue su comportamiento a la buena fe, ya que el planteamiento es con fines meramente dilatorios.
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Con ello, rechazan el recurso de la defensa, pero remitió el expediente a la Cámara de Apelación Especializada, para que estudie el recurso subsidiario.
Si los camaristas resuelven la cuestión antes del lunes, el juicio oral podría realizarse, caso contrario, deberá fijarse otra fecha para su inicio.
En el caso, Edgardo Kueider y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, deben ir a juicio oral por supuesta tentativa de contrabando.
Según la acusación, ambos quisieron introducir al país la suma de USD 211.102; 3.900.000 pesos y G. 640.000, sin que hayan declarado el dinero en su ingreso por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Fueron detenidos en Ciudad del Este, el 4 de diciembre del 2024. El ahora ex legislador, perdió su cargo, luego de este caso.
