En el Paraguay de la posguerra de la Guerra de la Triple Alianza, los veteranos –aquellos sobrevivientes del conflicto más devastador en la historia nacional– emergieron como una masa humana silenciosa, desgarrada y ambigua, ausente en el discurso oficial y presente solo en las márgenes de la memoria colectiva. Su situación fue, en términos generales, de abandono estructural, precariedad material y exclusión simbólica, al tiempo que representaban un colectivo decisivo para comprender cómo el Estado paraguayo reconstruyó sus vínculos con la ciudadanía después del colapso.
El país quedó con una población estimada de apenas 165.000 habitantes, según cifras consensuadas por historiadores como Barbara Potthast y Thomas Whigham. De ese total, apenas el 37,5% eran hombres. Más aún: el cónsul francés Paul D’Abzac informó que la mitad de los varones eran niños, y otro 10% eran ancianos. Solo un 40% estaría en edad de portar armas, pero, dentro de ese grupo, al menos un 16% arrastraba discapacidades como secuelas directas de la guerra. Es decir, cerca de 9.900 hombres quedaron en estado de invalidez, necesitados de asistencia para sobrevivir, y otros 14.850 –veteranos físicamente sanos– enfrentaban un país devastado y sin oportunidades.
La campaña por el reconocimiento de los veteranos de la Guerra del 70 no comenzó inmediatamente después de finalizado el conflicto, sino que fue un proceso lento, desigual y plagado de silencios institucionales. A pesar de que desde 1872 se inició un primer intento de registrar a quienes habían servido en el ejército –a través del escalafón militar–, este no fue un acto de reparación ni de justicia social. Se trataba más bien de un mecanismo administrativo, impulsado por el nuevo gobierno de posguerra, con el objetivo de reorganizar las fuerzas armadas y diferenciar quiénes seguirían en funciones y quiénes habían quedado fuera del servicio militar.
Durante toda la década de 1870, el Estado paraguayo mostró escaso interés en atender a los veteranos como colectivo social. La prioridad nacional era la reconstrucción institucional y económica, y dentro de ese horizonte los sobrevivientes de la guerra no ocupaban un lugar privilegiado. A lo sumo, algunos de ellos lograron ubicarse en cargos menores de la Administración pública –como jueces de Paz o jefes políticos locales–, pero esto se debía más a la falta de cuadros formados que a una política estatal de reconocimiento.
Recién en los años 1880 empezó a cambiar el clima político y cultural. La memoria de la guerra, hasta entonces silenciada o relegada al trauma colectivo, comenzó a ser objeto de debates públicos. A nivel local, aparecieron iniciativas vecinales para rendir homenaje a figuras militares consideradas ejemplares, como el general José Eduvigis Díaz. Se erigieron pequeñas estatuas, se escribieron notas en periódicos y se organizaron actos conmemorativos. Estos homenajes no eran aún una campaña articulada en favor de los veteranos, pero sí reflejaban un cambio de sensibilidad: la guerra comenzaba a ser narrada no solo como tragedia, sino también como epopeya.
Este contexto fue preparando el terreno para una campaña más directa. A partir de la década de 1890, varios veteranos que habían logrado insertarse en el Congreso Nacional comenzaron a plantear la necesidad de un reconocimiento oficial. Uno de los más activos fue el coronel Juan Crisóstomo Centurión, quien no solo publicó sus memorias de guerra en 1895, sino que también defendió en el ámbito legislativo la creación de una pensión para los veteranos que vivían en situación de pobreza o invalidez.
Al mismo tiempo, figuras del pensamiento liberal como Cecilio Báez comenzaron a abogar por una revalorización del rol de los veteranos. Báez entendía que el nuevo Estado paraguayo, que se reclamaba moderno y republicano, no podía ignorar a quienes habían luchado por la patria, sin importar si lo hicieron bajo el régimen de los López o como parte de la Legión Paraguaya. Su planteamiento era político, pero también ético: había una deuda moral que el país debía saldar.
Fue así como, hacia 1898, se fundó la Liga Patriótica, una organización conformada por veteranos con apoyo de intelectuales y sectores de la prensa. Esta agrupación tuvo un papel fundamental en articular los reclamos, elaborar listas de sobrevivientes, recolectar testimonios y ejercer presión sobre el Congreso. La Liga solicitó formalmente al Ministerio de Guerra y Marina un censo actualizado de veteranos, y propuso una ley para garantizar pensiones vitalicias a quienes cumplieran ciertos requisitos.
Finalmente, después de años de insistencia, la campaña obtuvo su victoria: el 16 de agosto de 1899, bajo la presidencia de Emilio Aceval, se promulgó la ley de reconocimiento de veteranos, que establecía el derecho a pensión para aquellos que fueran mayores de 60 años o que tuvieran secuelas físicas originadas en la guerra.
Con todo, no bastó. Para cuando se universalizó la ley, gran parte de los veteranos ya habían muerto. Otros no pudieron cumplir los requisitos, o ni siquiera se enteraron de la normativa. Los beneficios obtenidos, sin embargo, fueron limitados y llegaron tarde. La pensión equivalía a la mitad del salario de los militares activos y se pagaba trimestralmente, lo que resultaba exiguo frente a la precariedad de sus vidas. Para acceder al beneficio se debía presentar una carta al Ministerio de Guerra y Marina, testimonios de camaradas o superiores, y un certificado médico que validara las heridas o invalidez. Además, se exigía buena conducta, lo que abría la puerta a rechazos arbitrarios en caso de problemas legales o acusaciones morales.
Fuentes: Los veteranos, Carlos Gómez Florentín. Fojas de servicios de excombatientes de la Guerra de la Triple Alianza, Joaquín Irún Grau.
