La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, adelantó en una entrevista que desde su cartera se está trabajando en la elaboración de un “listado de personas” con unas características concretas que se presentará estos días a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Estamos determinando los que tenemos diagnosticados con enfermedades que pueden generar riesgo, además de las personas privadas de libertad que estarían en la tercera edad”, dijo la ministra.
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La titular de Justicia aludió a la prisión preventiva como uno de los principales lastres del sistema penitenciario paraguayo, ya que su abuso es lo que provoca el hacinamiento en los penales.
Al respecto, Pérez explicó también que el Código Procesal Penal dispone que a partir de los 70 años las personas no pueden estar en prisión preventiva, mientras que los médicos rebajan esa edad a los 65 años, por lo que esos casos también estarán en estudio.
“Tenemos una línea de cinco años que los jueces van a tener que determinar”, señaló.
En ese sentido, indicó que la lista incluirá también a los reclusos que podrían estar fuera de la cárcel “con medidas menos gravosas”.
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La iniciativa de la cartera se extenderá del mismo modo a los Centros Educativos de menores para que se revisen sus condiciones y ver si existe la posibilidad de enviarles a sus casas, aunque Pérez puntualizó que en estos casos las aglomeraciones no son habituales.
Ni nuevos presos, ni visitas
La medida de cuarentena total decretada por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus en el país sudamericano también plantea la posibilidad de que los infractores sean condenados a penas de cárcel.
Sin embargo, Pérez recordó que la entrada de personas del exterior, aunque sean condenados, puede significar la introducción del virus en los penales, donde no se ha registrado ningún caso.
La cartera de Justicia está intentando mantener esa ausencia de positivos en sus centros con la suspensión de visitas, dada la rapidez con la que se podría propagar el virus entre las personas privadas de libertad.
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“Estamos trabajando en la posibilidad de que los nuevos detenidos no entren en los centros penitenciarios y tenemos que definir su situación por la Corte, teniendo en cuenta que si les restringimos las visitas (a los familiares), con el riesgo de traer el virus, los nuevos detenidos también pueden traerlo”, apuntó.
Para lograrlo, no se descarta que puedan cumplir “medidas alternativas de privación de libertad en otros lugares” o que realicen trabajos comunitarios en hospitales, en caso de que hayan sido condenados por saltarse la cuarentena sanitaria. Sin embargo, esta intención ya fue descartada por la Corte Suprema de Justicia.
Ante los primeros casos de coronavirus en el país, el Ministerio de Justicia comenzó restringiendo los días y horarios de visitas a los penales, pero a medida que el número de positivos aumentaba, Pérez decidió prohibir la entrada de familiares mientras dure la cuarentena, que será total hasta el 28 de marzo y parcial desde ese día hasta el 12 de abril.
“Por supuesto, la situación no es fácil para ellos. Las visitas son una contención emocional muy importante, pero sí podemos decir que hasta ahora estamos trabajando de una manera positiva”, reconoció la ministra.
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Aunque se suspendió la entrada de familiares, el Ministerio está habilitando líneas telefónicas para mantener el contacto desde el interior de los centros de reclusión.
Por el momento, solo entran en las penitenciarías los funcionarios de prisiones, desde personal de seguridad hasta sanitario, capellanes y un mermado número de voluntarios en comparación con las condiciones habituales.
Sobre ellos se han estrechado las medidas de higiene y se les obliga a vestirse y desvestirse en el penal, para que no transporten el virus en las prendas, como dijo la ministra.
Pérez insistió también de que no ha habido “ningún episodio, hasta ahora, de motines o intentos de fuga”.
Paraguay registra hasta este martes 27 casos positivos de coronavirus, con dos personas fallecidas.
