La activista María Esther Roa, quien lideraba la Comisión Escrache Ciudadano que exigió la renuncia de varios políticos, enfrentará este martes un juicio oral y público por violación de la cuarentena.
Los fiscales Ángel Ramírez y Juan Carlos Ruíz pidieron que la causa se eleve a juicio oral. La pena máxima que podría recibir la imputada es de un año y ocho meses o una multa que podría llegar a los G. 16 millones. Roa es la primera persona en llegar a un juicio oral por violar la cuarentena
Lea más: Juicio oral contra activista María Esther Roa se fijó para el 10 de agosto
Desde el Ministerio Público sostienen que la activista rechazó la salida procesal por sostener que era inconstitucional y que presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue rechazado, en tanto que en todos los demás casos se dieron salidas procesales.
“Mañana a las 11.00 estaré enfrentando mi juicio oral y público por violación de la cuarentena. El 3 de junio del 2020 salí a protestar contra la corrupción y ya estoy a puertas de mi juicio oral y público, mientras la Fiscalía no encuentra mérito para imputar al número 2 Hugo Javier”, expresó
Negaron que juicio sea transmitido o filmado
En contacto con Última Hora, Esther Roa expresó que lo nuevo es que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de César Diesel, le negó la transmisión y grabación del juicio. Lo mismo hizo el presidente del Tribunal de Sentencia, el doctor Hermosilla, a quien le solicitó grabar en vivo desde sus redes sociales.
Le puede interesar: Esther Roa dice que también debería ser imputado Marito
“No tengo ni una garantía en el desenlace de este injusto juicio”, manifestó Roa, quien criticó que ninguna de las personas imputadas por violar la cuarentena, organizar fiestas, bodas y mítines políticos, llegaron a un juicio oral.
“Por qué me llevan a juicio oral y no así a más de 6.000 imputados por violación de la cuarentena”, remarcó.
Finalmente, señaló que lo importante del juicio era el debate sobre el derecho a la protesta en pandemia, la libertad de expresión y pensamiento y el principio de legalidad del código de penas sobre su conducta, ya que sostiene que un decreto presidencial no puede censurar derechos fundamentales como los mencionados más arriba.
Escraches que molestaron a la clase política
Los escraches que lideró Roa alcanzaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al ex presidente Horacio Cartes, a la fiscala general Sandra Quiñónez, al ex titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Enrique Bacchetta, a directores y ex directores de las binacionales.
Asimismo, afectó a senadores y ex senadores, como Víctor Bogado, Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, Javier Zacarías, también a diputados y ex diputados como Carlos Portillo, Tomás Rivas, José María Ibáñez, Miguel Cuevas, entre otros. Muchos de los escrachados terminaron siendo destituidos o renunciaron gracias a la presión ejercida y denuncias.
Al igual que Roa, fueron imputados el empresario gastronómico Juan Domingo Galeano y Cándido Brizuela por liderar una caravana contra la corrupción en el gobierno de Mario Abdo Benítez en el mes de junio del 2020.
