La funcionaria fue imputada por presunto cohecho pasivo y tráfico de influencias tras una investigación encabezada por la fiscala Yeimy Adle, lo que fue admitido por el magistrado.
Según la imputación, Antonia Galeano, funcionaria del área de Estadística, habría ofrecido gestionar el arresto domiciliario del procesado por drogas Marcelo Fabián Peña, cuyo caso era tramitado ante el juzgado de Garantías 1 de San Lorenzo, a cargo de la jueza María Elena Cañete.
Supuestamente, la mujer solicitó la suma de G. 7 millones para que el procesado tuviera la citada medida cautelar, con tobillera electrónica.
Sin embargo, la mujer cayó luego de una entrega vigilada donde le entregaron la suma de G. 4 millones, por lo que luego fue imputada por la representante de la sociedad.
En la audiencia de imposición de medidas, el juez Humberto Otazú calificó el caso como cohecho pasivo y tráfico de influencias, conforme con la imputación.
Además, hizo lugar a las medidas alternativas, específicamente el arresto domiciliario que cumplirá en su vivienda de la ciudad de Fernando de la Mora, con control aleatorio de la comisaría jurisdiccional.
Lea más: Fiscalía imputa a funcionaria judicial que habría recibido coima
Igualmente, la funcionaria tiene prohibición de salida del país y de comunicarse con funcionarios del Juzgado de Garantías 1, de San Lorenzo, y con los funcionarios de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos (Omdec) de la Policía Nacional.
Finalmente, se dispuso la aplicación de la tobillera electrónica que deberá ser costeada por la procesada con el control de la Policía Nacioonal hasta la efectiva aplicación.
Paralelamente, dispuso el informe de factibilidad a ser realizado por el equipo del área técnica del Omdec para la instalación del aparato de control a la funcionaria.
En el análisis del juez, se dan los presupuestos de la existencia de un hecho punible grave, que sea necesaria la presencia del imputado. No obstante, el peligro de fuga y de obstrucción de las pesquisas podría ser evitado con las medidas menos gravosas.
Con ello, concedió el arresto domiciliario a la funcionaria, con la utilización de la tobillera electrónica.
