El caso comenzó a investigarse a raíz de la denuncia de ocho víctimas en febrero del 2023. Luego de dos años de indagación, la fiscala Teresa Sosa pudo comprobar los hechos y en cuanto al tesorero, pidió que este vaya a juicio oral.
El caso comienza, en el 2019, cuando los socios empezaron a querer acceder a préstamos de dinero a través del sindicato, y autorizaron al secretario Manuel Gamarra y al tesorero Francisco Flor Recalde que tramiten los créditos.
Estos se aprobaron, pero los socios nunca supieron. En algunos casos, los hoy procesados decían que se rechazó el préstamo. En otros casos, el mismo Gamarra era el que pedía a los funcionarios sacar sumas elevadas, como supuesta ayuda al sindicato, pero que ellos se comprometían a pagar.
Según otras víctimas, en ciertos casos, el sindicato sí les daba dinero “de emergencia”, pero los montos iban entre G. 100.000 y G. 300.000, y por estos les hacían firmar pagarés en blanco.
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La sorpresa de los socios fue grande, cuando entre finales del 2022 y todo el 2023, empezaron a saltarles embargos de la empresa Markven SA por falta de pagos.
Firmas y escrituras falsas
La empresa presentó facturas a nombre de los socios, en concepto de cobro de intereses por los préstamos otorgados, pero estos no reconocieron como suyos.
El Departamento de Criminalística de la Policía concluyó que las firmas obrantes en los duplicados de las facturas en realidad presentan semejanzas formales con las firmas de Francisco Flor Recalde, el tesorero.
En cuanto a los pagarés y las órdenes de compra por los que ahora se les demanda, las víctimas también declaron que no eran sus firmas, por lo que la fiscala Teresa Sosa ordenó una pericia, que arrojó que las firmas y los llenados en los documentos tampoco son de los socios.
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Los embargos a las víctimas son por G. 27.600.000 más gastos del juicio G. 2.760.000. Solo a uno de ellos, se le demandó por G. 20.700.000, más gastos por G. 2.700.000.
Los denunciantes son Patricia Salinas, Pablina Benítez, Roberto Villagra, Matilde Núñez, Lis Cañete, Jeniffer Paniagua, Sergia Encina (secretaria adjunta de Finanzas) y Emiliana Ferreira.
La distribución para apropiarse del dinero
Los denunciantes señalaron que Manuel Gamarra, como secretario general, fue a quien le hacían las solicitudes para obtener préstamos de dinero. Luego, era el tesorero el que presentaba la documentación y al parecer allí se fraguaba.
¿Qué dijeron las víctimas?
Algunos de los testimonios que aparecen en la carpeta fiscal exponen el presunto modus operandi del secretario y del tesorero del sindicato.
- Víctima 1. “El Sr. Gamarra me solicitó en forma verbal que le hiciera un favor, como para ayudar al Sindicato a mejorar su situación, manifestándome que él siempre nos ayudó cuando necesitábamos dinero… El favor consistía en hacer un préstamo de Credisolución. La suma solicitada era de G. 5.000.000… se la entregué al Sr. Gamarra…”, “… meses después, volvió a pedirme que por favor hiciera otro préstamo…”.
- Víctima 2. “Le consulté el motivo por el cual el monto del pagaré era de G. 7.000.000, diferente al solicitado. Me respondió que era una ayuda para el Sindicato, que ellos me ayudaban a conseguir el préstamo y que yo debía entregar la diferencia del monto, es decir, G. 5.000.000, para la ayuda social que hacían a los socios, pero que el Sindicato iba a pagar…”.
- Víctima 3. “El Sr. Manuel Gamarra siempre me ofrecía préstamos de emergencia del Sindicato en caso de necesidad, no mayores a G. 300.000. Le solicité, la primera vez la suma de G. 200.000 y la segunda vez G. 300.000. Me pidió que firmara un pagaré en blanco en ambas oportunidades…”.
