Que la fiscala María Irene Álvarez haya solicitado la presencia de un intérprete en guaraní en Pedro Juan Caballero, durante el juicio oral a Carlos Galeano Barrios, acusado por el homicidio del ganadero Dilson Bello dos Santos, sigue desatando opiniones divididas entre quienes consideran que es ilegal el juicio porque la agente debería conocer nuestros dos idiomas y quienes piensan que la Ley de Lenguas no obliga a los funcionarios públicos a dominarlos.
El abogado Ezequiel Santagada es quien salió a favor de la fiscala, diciendo que es un despropósito “pedir su cabeza”, ya que ella está en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico y hasta ahora no saltó una sospecha por corrupción o por favorecer a un narco.
“La Ley de Lenguas establece una preferencia para ocupar cargos a quienes dominen ambos idiomas, no la obligación de dominarlos. Y dio cinco años para adquirir competencias comunicativas, lo cual no implica entender y hablar a la perfección el guaraní”, explicó.
Con ese criterio, en el 2015 ya se le debería de haber sacado de la función pública “a todos los no guaraní parlantes que interactúan con la ciudadanía”.
Opinión contraria a ello tiene el criminólogo Juan Martens, quien habla que la Ley 4251, de Lenguas, sí obliga a los funcionarios que van a tener trato con las personas a dominar y tener competencia en ambos idiomas. “La ley es clara. Un funcionario público tal vez podría no hablar guaraní si es que no va a tener trato con las personas”, expuso.
Citó el artículo 17 de esa ley, que habla que para acceder a cargos públicos nacionales, departamentales y municipales, se tendrá preferencia a aquellas que manejen las dos lenguas oficiales.
Y si uno como funcionario ya nombrado y debiendo tener trato directo con la ciudadanía, tienen cinco años “para adquirir la competencia comunicativa oral en las dos lenguas oficiales”.
Martens contó que la Secretaría de Políticas Lingüísticas ofrece cursos, que hasta de manera gratuita le darían a la fiscala en cuestión, según David Galeano Olivera, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní.
“Un Estado no se puede construir desde la ignorancia del idioma oficial. Imagínate, el Poder Judicial, Ministerio Público y la Defensa Pública poniendo traductores a sus propios funcionarios. Es como absurdo”, dijo el criminólogo.
También remarcó que en la relevancia procesal, se busca garantizar la defensa, la inmediatez, cuando las personas hablan del mismo idioma, por eso el idioma para cualquier persona procesada es un derecho humano fundamental y es obligación de los Estados que los funcionarios por eso se comuniquen con el idioma del afectado.
Por último, habló que la identidad nacional también se construye a partir del relato en castellano y guaraní.
El presidente del Ateneo sostuvo que en Paraguay, el idioma mayoritario es el guaraní y que para estos casos, como el de Pedro Juan, “necesariamente se debe hablar en guaraní. Queda ilegal el caso (el juicio) así”, precisó.
“Esto no pasa por una cuestión antojadiza”
“En Paraguay, el idioma mayoritario es el guaraní y para estos casos (como el de Pedro Juan Caballero), necesariamente se debe hablar en guaraní. Queda ilegal el caso así. Esto no pasa por una cuestión antojadiza. Cuando está de por medio una sentencia que puede marcar la vida de alguien, tienen que saber. Ministros, viceministros, jueces, fiscales, defensores públicos, todos tienen que saber”, señaló David Galeano, presidente del Ateneo.
“No es fanatismo, sino realidad sociolingüística. No hay excusa para decir no sé, no me gusta. Es un mandato constitucional, y la Ley de Lenguas es complemento. Todos necesariamente tenemos que conocer y sobre todo los que ocupan cargos públicos, sino es un acto de marginación”, advirtió.
