Guillermo Rodríguez, diputado del movimiento del intendente Miguel Prieto, afirmó que la clínica ubicada en Ciudad del Este, Alto Paraná, tiene más de 22 años de funcionamiento y durante ese tiempo nunca habían recibido una sola denuncia.
Para el legislador opositor, la decisión de cerrar el establecimiento fue impulsada por el presidente Santiago Peña y la ministra de Salud, María Teresa Barán, bajo el argumento de una documentación “en trámite”.
“Podían notificar o multar, pero eligieron la más dura y humillante de las sanciones: la clausura”.
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Sostuvo que la medida no solo afecta a su familia, sino que a todo el personal que trabaja en el sanatorio, incluyendo médicos, enfermeras, personal de limpieza y proveedores.
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El diputado prietista denunció que la acción constituye un uso del aparato estatal para “amedrentar y coaccionar”, y reclamó que, en lugar de sancionar a un sanatorio privado con historial limpio, el Gobierno debería “clausurar las cloacas que tienen de hospitales públicos”.
