Luego de tomarle la declaración al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por su participación como administrador general del Estado en el acuerdo secreto sobre Itaipú, los representantes del Ministerio Público señalaron que primero deben establecer qué fue lo que pasó para, en un segundo momento, si corresponde, analizar la culpabilidad de los implicados.
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“Primero tenemos que llegar a la búsqueda de la verdad, estamos reconstruyendo con las diligencias”, mencionó la fiscala Liliana Alcaraz, quien lleva la investigación junto a Susy Riquelme y Marcelo Pecci.
Entre otras cosas, reconoció que no se puede hablar de sospechas, sino tienen claro qué fue lo que pasó. El acuerdo suponía un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) hasta el año 2022.
No obstante, también se investiga la supuesta injerencia de altas autoridades para sacar un ítem del acuerdo que iba a ser ventajoso para el país, el cual establecía la venta de una cantidad determinada de kilowatts/hora de la energía paraguaya para el mercado de Brasil.
Supuestamente, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, operó, mediante el abogado Joselo Rodríguez, para favorecer a una empresa brasileña de nombre Leros; mientras que Abdo Benítez habría presionado al ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, para la firma del acuerdo, pesa a las advertencias negativas.
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El agente fiscal Marcelo Pecci refirió que la figura de traición a la patria, uno de los hechos por los que fueron denunciadas las principales autoridades, no está penada y que el caso es complejo, extenso, técnico, con connotaciones de trasnacionalidad, por lo que no puede precipitarse para llegar a una solución final incorrecta.
“Vamos a seguir avanzando con todos los elementos que nos permitan constatar conductas, hechos, estamos en el día 10 y fue muy productiva la declaración del presidente de la República, fue preciso en detalles”, remarcó.
La agente Liliana Alcaraz explicó que la versión de Ferreira, sobre una reunión en la que se habló sobre la venta de energía a empresas interesadas, se contrapone con la de Abdo Benítez y su hermano, Benigno López, ministro de Hacienda.
En el marco de la investigación del Ministerio Público, ya se presentaron a declarar José Rodríguez, Benigno López y Pedro Ferreira, entre otras autoridades, mientras que falta el vicepresidente Hugo Velázquez, quien ya se puso a disposición.
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El acta bilateral firmada con el Brasil, la cual fue cancelada posteriormente, puso al Gobierno en un panorama incierto en cuanto a su continuidad, ya que los principales partidos de la oposición presentaron dos pedidos de juicio político para el primero y segundo del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, respectivamente.
Asimismo, las principales autoridades responsables de la firma del acuerdo se vieron obligadas a renunciar de su cargo, entre ellas Luis Alberto Castiglioni al Ministerio de Relaciones Exteriores, José Alberto Alderete a la dirección paraguaya de Itaipú, Hugo Saguier Caballero a la Embajada paraguaya ante Brasil, y Alcides Jiménez a la presidencia de la ANDE, todas denunciadas por traición a la patria y lesión de confianza, al igual que el vicepresidente Velázquez.
