Ujieres notificadores y actuarios colaboraron con la investigación de la mafia de los pagarés, contando al detalle lo que sabían de un supuesto esquema de recaudación en los Juzgados de Paz de La Encarnación y San Roque, ambos de Asunción.
Esta semana, la Fiscalía presentó acusación y pidió juicio oral contra 61 personas, advirtiendo que el sistema judicial estaría implicado en la trama delictiva. Allí están acusados jueces, ujieres, actuarios, oficiales de Justicia y abogados de empresas de cobranza.
En el Juzgado de La Encarnación
La actuaria Martina Rivella, así como los ujieres Alfredo Benítez, Nicolás Antúnez y Audrey Galeano, declararon ante los fiscales y desmenuzaron la trama. En el Juzgado de La Encarnación, la jueza Carmen Analía Cibils manejaba todos los pagos de notificaciones que, en realidad, no se hacían.
Lo más fuerte hasta ahora, fue lo que declaró un ujier, quien terminó acusado, Arturo Ayala Franco: Alegó que “por el volumen” de notificaciones que tenía para firmar, la jueza debía recibir su parte, que eran unos G. 25 millones semanales.
Ese monto era el objetivo, pero podía aumentar “si ingresaban más empresas a litigar en el Juzgado”.
El dinero se le entregaba a la jueza Cibils en efectivo los días viernes, en su oficina. Y si el ujier no llegaba a alcanzar los G. 25 millones, tenía que pagar la siguiente semana con retroactivo.
Incluso, la jueza llevaba “un sistema de control de la cantidad de notificaciones que se entregaban y pagos hechos”.
“Ella tenía todo el sistema controlado, no solamente por la cámara de circuito cerrado, sino por el contacto directo que tenía con los abogados en relación a los pagos”.
En una reunión con la magistrada, ella le habría contado “la forma de trabajo” y los montos.
Las grandes empresas iban presentando muchos juicios y, por ende, tenían un “costo diferenciado” en el cobro de las cédulas de notificación.
A las empresas se les hacía un descuento del 20% al 30% del monto que estableció la Corte Suprema a través de una acordada, que fijó precios de notificación de acuerdo a las distancias.
Como los expedientes quedaban en las casas de cobranza durante todo el juicio, estas solo llevaban al Juzgado cuando se necesitaban ciertas firmas.
En “paquetes” o “blocs” llevaban sus cédulas de notificaciones.
Una de esas empresas, Carsa, llegó incluso a entregar una vez 1.300 cédulas de notificaciones, “lo cual debía de entregar lo más rápido posible, en dos a tres días, los informes”, refirió el ujier.
Y esto lo debía supuestamente con la advertencia de que si no cumplía, “quedaba fuera del Juzgado”.
Otro de los ujieres, Alfredo Benítez, confesó que “nunca” vio un solo pagaré original en el Juzgado, “ni me consta que los mismos (los abogados) hayan presentado los pagarés originales ante el Juzgado”.
Por su parte, el ujier Nicolás Antúnez contó que la jueza le habría establecido un porcentaje semanal de pago, de 70% para ella y un 30% para él.
Ese mayor monto, supuestamente era distribuido nuevamente entre la magistrada, los actuarios, dactilógrafos y otros implicados.
Contó que la jueza Cibils le advirtió “que ella tenía todo el sistema controlado, no solamente por la cámara de circuito cerrado, sino por el contacto directo que tenía con los abogados en relación a los pagos”.
La jueza tenía “el control de todo”
“La jueza instaló cámaras de circuito cerrado en toda la dependencia del Juzgado y de esa forma la misma tenía control total del movimiento dentro del Juzgado, lo cual ella lo hacía desde su despacho.
Nunca vi ni un solo pagaré original en el Juzgado, ni me consta que los abogados hayan presentado los pagarés originales ante el Juzgado”, Alfredo Benítez, ujier.
Porcentaje de 70% a 30% en recaudación
“Tuve reunión con la jueza en el despacho y me comunicó que todos los abogados de las carteras grandes no iban a tratar conmigo y que iban a tratar directamente con ella.
En esa misma reunión se me establece el porcentaje semanal que sería de 70% a 30%, me advirtió de que ella tenía todo el sistema controlado”, Nicolás Antúnez, ujier.
Sin notificar, solo sellar y firmar
“Me traían las cédulas de notificación dirigidas a demandados. Yo elaboraba el informe de notificación que por el volumen de cédulas consistía en sello y mi firma. Días después las devolvía a los mismos abogados.
La jueza sabía todo lo que pasaba en el Juzgado, porque tenía instalado un sistema de circuito con cámaras con micrófonos”., Audrey Galeano, ujier.
G. 25 millones en efectivo, los viernes
“Tuve una reunión con la señora Analía Cibils, donde se estableció la forma de trabajo y el monto, donde dijo que las grandes empresas tendrían costos diferenciados por informes.
Debía entregar G. 25.000.000 semanales, lo cual le entregaba en efectivo los días viernes en su oficina. Si no llegaba, debía de pagar retroactivo la siguiente semana”, Arturo Ayala, ujier acusado.
En el Juzgado de San Roque
En cuanto al otro Juzgado de Paz, el ujier Líder Rodrigo Benegas declaró ante los fiscales que los abogados de las empresas de cobranza, “para comenzar a meter los juicios debían antes conversar con la jueza y llegar a un acuerdo, que consistía en: Juicios rápidos, notificaciones rápidas y soluciones inmediatas”.
En dicho despacho judicial, las cédulas eran entregadas “todas hechas” por los abogados. “Yo realizaba solamente el informe, con un sello, repitiendo siempre fechas, debido a la abrupta cantidad y a la presión ejercida por los abogados”.
Finalmente, contó algo que era una sospecha y denuncia de muchas autoridades: “Todas las actuaciones del proceso eran traídas y preparadas por los abogados, tanto escritos, cédulas del Juzgado y resoluciones”.
La Fiscalía pidió la suspensión condicional para cinco de los ujieres que colaboraron.
Son 19 las empresas de cobranzas
Aparecen diecinueve empresas que operan con los cuatro Juzgados de Paz, La Encarnación, San Roque, La Catedral 2° Turno y Recoleta, presuntamente involucradas en la mafia de los pagarés.
Estas son las empresas Nexo SA, Sistemas de Cobranzas SA, Bristol SA, Credi Clave, Cumplo SA, Aureus SA, Global Enterprises Paraguay SA, Satec, Credifiel SA, Cooperativa San Cristóbal, Carsa, Litoral Trading SRL, LAB SA, Nexo SA, Mi Paraguay SA, Chacomer SAE, Serfin SA, Cobranzas Eficientes y Oportunas SA y Plan Urbano SA.
Varios de sus abogados terminaron acusados y con pedido de juicio oral.
