Se probó que la magistrada no puso fecha en resoluciones de 27 expedientes de acción preparatoria de juicios ejecutivos, que desembocaron en juicios ejecutivos donde terminaron embargando a víctimas, “en detrimento del patrimonio y condiciones personales, sociales, económicas hasta de salud”.
Se trata de resoluciones de mero trámite, como providencias de señalamiento de audiencias de reconocimiento de firmas, providencias de informes del actuario y los de autos para resolver.
“Si bien, la jueza dijo que las providencias no causan agravio, son instrumentos públicos las actuaciones con arreglos procesales y es imprescindible ser fechadas”, explicó el ministro de la Corte César Garay, miembro del Jurado.
El “descomunal destape” de la mafia de los pagarés “se inició como resultado de esas 27 resoluciones”, continuó.
“Anómalo obrar”
El ministro Garay habló de una “conducta indolente, desidiosa, descuidada y negligente de la enjuiciada” y que es inadmisible tolerar el desconocimiento de leyes de personas que integran el cuadro de la magistratura.
También el senador Mario Varela hizo hincapié en que “la seguridad jurídica es fundamental en la construcción de una República. El Estado de derecho ha sido una de las grandes conquistas de la humanidad, por lo que el poder público debe someterse a las normas legales”.
Finalmente, todos los miembros concordaron que hubo mal desempeño de funciones y que existe una alta culpabilidad de la magistrada, “por su anómalo obrar en detrimento del patrimonio y condiciones personales, sociales, económicas hasta de salud de decenas de víctimas demandas, quienes no pudieron ejercer el fundamental derecho a la defensa”.
Esto, además, dejó consecuencias nefastas, confirmaron.
