Mafia de los pagarés
Es una causa judicial por un supuesto esquema de estafas a personas asalariadas mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas, mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso.
El Tribunal de Apelaciones de Delitos Económicos rechazó la apelación que planteó José Olmedo Lansac, propietario de la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), y confirmó que el empresario afrontará juicio oral por el caso de la mafia de los pagarés.
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, señaló que durante este año legislativo se impulsaron leyes “positivas” para el país, aun cuando la mayoría oficialista recibió varias críticas por hacer uso y abuso de su hegemonía sancionando la ley garrote, la que elimina la rotación en superintendencias de la Corte Suprema de Justicia, entre otras.
Se sancionó el proyecto de ley que indica cómo proceder en los casos en que no aparezcan los expedientes de la mafia de pagarés en los Juzgados de Paz y que si las causas cuentan con embargos u otras medidas cautelares, estas se suspenderán mientras se reconstituya (rehaga) la carpeta judicial. Esta normativa solo tendrá vigencia por dos años desde que se promulga, confirmaron.
Víctimas de la mafia de los pagarés presentaron tres puntos a los congresistas, entre los que destaca el urgimiento a los diputados para que inicie el juicio político contra los ministros César Diesel y Alberto Ramírez Simón. Pidieron una ley que indemnice a los afectados y exponen como una causal la supuesta reunión secreta con Horacio Cartes y Santiago Peña.
Uno de los abogados de Carsa y tres representantes de diferentes empresas no se presentaron hoy a la audiencia preliminar en la causa de la mafia de los pagarés, ya que todos alegaron un cuadro de gastroenteritis. La audiencia continuó contra uno, y el juez Rodrigo Estigarribia ya le envió a juicio oral. En esta causa está procesado el ex juez Víctor Nilo Rodríguez.
En este episodio de Balanza Judicial, los periodistas Liz Acosta y Raúl Ramírez te detallan los resultados que arrojan las investigaciones de la mafia de los pagarés en el Senado, que ubica a 6.600 personas registradas como víctimas, quienes continúan padeciendo embargos por G. 2,2 billones, que al cambio serían USD 314 millones.
Desde la Coordinadora de víctimas de la mafia de los pagarés lanzaron fuertes críticas contra la Corte, luego de que los ministros defendieran el trabajo realizado en la trama. Sin embargo, los afectados sostienen que la CSJ está dominada por la mafia e insistieron en el pedido de juicio político. “Las acciones son insuficientes”, afirman.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú se opuso a sobreseer definitivamente a los representantes de las empresas Serfin SA y Presto SA, involucrados en la causa de la mafia de los pagarés que habrían perjudicado a funcionarios del SNPP. Las víctimas se manifestaron ante el Poder Judicial para exigir justicia. “Ustedes no saben lo que es que cada mes te quede G. 200.000", reclamaron.
Los ministros de la Corte defendieron la depuración de más de 23.000 expedientes de la mafia de los pagarés en Asunción y Central, tres proyectos de ley remitidos al Congreso y otras acciones que hoy las víctimas no ven como solución ante los descuentos. Uno de los ministros reiteró que son “muy respetuosos de la independencia de los magistrados” y que no pueden inmiscuirse en los procesos.