En horas del mediodía de este viernes, la comitiva encabezada por la fiscala Gladys González realizó un allanamiento en la Municipalidad de Lambaré.
La representante del Ministerio Público informó a los medios de prensa que su intervención se dio en el marco del pedido de intervención a la administración del intendente Armando Gómez, solicitado por los concejales de la Comuna.
“Recibimos denuncias de diferencias en algunos montos y estamos pidiendo la documentación en cada dependencia de la Municipalidad”, dijo la fiscala a los medios de prensa.
Además, González comentó que solicitó el circuito de seguridad del mes de octubre para corroborar una denuncia que llegó a la institución acerca de que una supuesta extracción de documentos de la sede municipal.
Lea más: Lambaré: Solicitud de intervención de Comuna va a Interior
El Ministerio Público indaga sobre la denuncia que hace referencia al no cumplimiento, por parte de la Comuna, de la obligatoriedad de transferir el 30% de las recaudaciones inmobiliarias a Catastro y la Gobernación. Esto, a su vez, impide a la Municipalidad recibir transferencias como el Fonacide.
El dinero recaudado sobre el cual no se habría pagado el porcentaje a las dependencias del Estado sería de G. 10.000 millones. La Fiscalía busca determinar el destino del dinero.
La acción de la Fiscalía se da en medio del pedido de concejales de Lambaré, ante el Ministerio del Interior, de intervención de la administración del intendente Armando Gómez.
En un plazo de 10 días, el ente estatal deberá remitir el documento a la Presidencia de la República, para su posterior tratamiento en Diputados.
La falta de pago de haberes a funcionarios, desde julio, y la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal son algunos de los motivos de esta medida, según denunciaron los ediles.
Nota relacionada: Concejales de Lambaré aprueban pedido de intervención municipal
La Junta Municipal de Lambaré había aprobado el pedido el pasado 22 de octubre, donde el dictamen a favor de la solicitud de intervención habla de una deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal que suma G. 15.754 millones, de los cuales G. 6.651 millones corresponden a deudas de la actual administración, mientras que G. 4.115 millones son del periodo 2010-2015, de la gestión del ex intendente Roberto Cárdenas.
