Los concejales no pudieron ingresar al predio de la Municipalidad de Lambaré para sesionar, debido a que un grupo de funcionarios les impidieron el paso, por lo que se refugiaron en la Comisaría 4ª, frente a la Comuna, para llevar a cabo la reunión.
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En medio de empujones y con presencia de la fiscala Blanca Agüero, los concejales sesionaron finalmente en el comedor de la dependencia policial, donde aprobaron nuevamente el pedido de intervención a la gestión del intendente liberal Armando Gómez, quien pertenece al sector del actual presidente del Congreso, Blas Llano.
Los concejales mencionaron una gran cantidad de irregularidades en la gestión actual de Gómez, quien había ganado las últimas elecciones al colorado y ex intendente por dos periodos Roberto Cárdenas, sospechoso también de varias irregularidades.
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El dictamen a favor del pedido de intervención, firmado por dos comisiones asesoras en conjunto, habla de una deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal, que suma G. 15.754 millones, de los cuales G. 6.651 millones corresponden a deudas de la actual administración, mientras que G. 4.115 millones son del periodo 2010-2015, de la gestión de Cárdenas.
Asimismo, señala que a raíz de la deuda generada, la Intendencia pactó con la Caja el pago de G. 1.056 millones, siendo esto un reconocimiento extrajudicial y arbitrario, sin auditoría, en desmedro de los intereses de los lambareños.
De la sesión participaron los concejales Víctor Silvera, Adolfo Sosa, Blas Delgado, María Gloria Valenzuela, Nelson Medina, Santiago Maldonado, Guido González, Luis Paccielo, Lorenzo Mendieta, Daniel Molinas y Fernando Báez, presidente de la Junta Municipal. El edil Adolfo Lezcano, del Partido Colorado, no estuvo presente por problemas de salud.
La votación para la aceptación de la intervención fue de 10 votos contra uno y ahora debe informarse sobre la decisión al Ministerio del Interior para que posteriormente pase a la Cámara Baja. Los funcionarios y simpatizantes del jefe comunal mantienen rodeada la sede policial para evitar la salida de los concejales.
Los ediles ya habían aprobado un pedido de intervención contra Armando Gómez en el año 2017, por supuestas irregularidades, pero la Cámara de Diputados rechazó la solicitud, gracias a un acuerdo entre el sector colorado del ex presidente de la República Horacio Cartes y el sector llanista del Partido Liberal Radical Auténtico.
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Gómez también fue procesado por la construcción de un puente, que generó supuestamente un perjuicio de G. 600 millones a la Comuna. La denuncia por el caso había sido realizada en 2016.
