Cada 24 de febrero, la República del Paraguay conmemora el Día de la Mujer Paraguaya, con la mirada puesta en aquella céntrica Plaza 14 de Mayo de Asunción, donde en 1867, alrededor de un millar de mujeres se congregaron para ofrecer sus joyas a la causa de la guerra. El relato oficial –pulido durante décadas por la historiografía nacionalista y consagrado como decreto en 1974 durante la dictadura de Alfredo Stroessner– imagina a las mujeres arrojando sus alhajas en un cofre, entre vítores y banderas, en el gesto más puro de la abnegación femenina: madres, esposas e hijas que, arrastradas por el fervor patriótico, se desprendieron voluntariamente de su único patrimonio para financiar la defensa de la república frente a la Triple Alianza. Los documentos del Archivo Nacional de Asunción, las memorias de testigos directos, los informes de cónsules extranjeros y las confesiones tardías de los propios ejecutores del régimen de Francisco Solano López revelan que detrás de aquella asamblea operaban fuerzas que nada tenían de espontáneo. En el 159° aniversario de ese evento, la historia les debe a sus protagonistas algo más que una postal romántica. Les debe la verdad.
Para entender lo que ocurrió en la Plaza 14 de Mayo aquel febrero de 1867, es imprescindible situarse en el derrumbe que ya vivía el Paraguay. La Guerra contra la Triple Alianza había abandonado hacía meses cualquier ilusión de victoria rápida. La guerra de desgaste demográfico que terminaría aniquilando a más de la mitad de la población del país estaba en pleno curso. La atmósfera de paranoia era total: el gobierno del Mariscal Francisco Solano López requería desesperadamente dos cosas, recursos materiales y demostraciones públicas de lealtad absoluta. El aparato de seguridad del Estado escrutaba a las familias patricias buscando cualquier indicio de disidencia, de “derrotismo” o de vínculos con la Legión Paraguaya. Las fuentes revelan con claridad quiénes movían realmente los hilos: las listas de donantes estaban dirigidas y controladas por la propia madre y las hermanas del presidente López, y era frecuente que Madame Elisa Lynch apareciera dirigiendo personalmente la redacción de dichas listas, lo que –como señalan los documentos– “denuncia ya a las verdaderas promotoras” de esta supuesta iniciativa popular.
Lo que el Estado exigió primariamente a las mujeres no fue la entrega física de sus bienes, sino su “manifestación": una declaración jurada de bienes. Se instituyeron comisiones sucursales en más de setenta ciudades y pueblos del país. Comisarios locales, jueces de paz y sacerdotes recibían las ofrendas, y el teniente coronel Jorge Thompson, ingeniero inglés al servicio del ejército paraguayo, consignaría en su crónica que estos jueces de paz:
“Invitaron a todos sin excepción, y hasta a los recalcitrantes, a deponer las joyas en sus manos”
Se emitían formularios de recibos dobles impresos por el Estado, encabezados con el omnipresente "¡Viva la República del Paraguay!”, que detallaban exhaustivamente cada pieza del inventario personal: rosarios de oro, peinetas, collares de coral, anillos con diamantes, relojes de bolsillo, cruces, zarcillos, espuelas de plata. Una copia quedaba en el talonario encuadernado que se remitía a Asunción; la otra quedaba en manos de la mujer manifestante.
El Estado publicaba semanalmente en el periódico oficial El Semanario las listas nominativas de las donantes. En comunidades pequeñas, donde el patrimonio de cada familia era de conocimiento público, no aparecer en la lista impresa equivalía a una señal de alarma. Declarar un inventario inferior al que las autoridades sabían que la familia poseía acercaba peligrosamente a toda la unidad familiar a la categoría de sospechosos. Y los registros garantizaban algo más: si una familia caía en desgracia posteriormente, el Estado contaba con un mapa minucioso y preciso de todo lo que quedaba por confiscar.
Thompson fue igualmente preciso al describir el destino de los bienes una vez entregados: “Después de reunidas las joyas no volvió a hablarse de ellas”.
El cónsul francés Laurent-Cochelet, en despacho a su gobierno, no dejó margen para la ambigüedad: “Nadie osó abstenerse de contribuir y generosamente a una obra tal, se sabe demasiado a qué se expondrían los recalcitrantes”.
El mismo diplomático había observado con amargura que las mujeres, quienes creyeron inicialmente conservar parte de sus pertenencias tras el gesto calculado de rechazo inicial de López –una estratagema política destinada a magnificar su imagen de austeridad–, comprendieron pronto que “había que renunciar a ellas como a todo lo que se les ha hecho ofrecer a la patria. Hijos, esposos, fortuna, joyas: ¡todo habrá poco a poco sido engullido!”.
El coronel Silvestre Aveiro, fiscal de sangre y uno de los colaboradores más estrechos del Mariscal, admitiría años después –en una exposición dirigida al Conde d’Eu en 1870– que fue la propia Elisa Lynch quien “ha soplado al pueblo el asunto de las alhajas, de la espada, del tintero”, impulsando estas donaciones por estar “interesada hasta el extremo”.
En ese contexto, la exigencia de donaciones no fue una invitación: fue una trampa de lealtad. Desprenderse del patrimonio familiar era la prueba irrefutable de adhesión al régimen; la reticencia, en cambio, era rápidamente leída como traición, con todas las consecuencias que ello acarreaba.
En el Paraguay del siglo XIX, las joyas representaban mucho más que simples ornamentos; constituían la única forma de soberanía económica y patrimonio legalmente reconocido para las mujeres. Mientras que el control de los bienes raíces, el capital y el ganado recaía exclusivamente en manos masculinas bajo el derecho colonial, las alhajas se clasificaban como bienes parafernales, otorgando a la mujer la autonomía total para administrarlas, venderlas o empeñarlas sin necesidad de autorización del padre o del marido. Este capital suntuario se transmitía por vía matrilineal y funcionaba como un seguro de vida esencial frente a la viudez o el desamparo, permitiéndoles incluso adquirir propiedades y escapar de la dependencia financiera patriarcal. No obstante, su importancia era también estratégica de la Asamblea para el Estado: las joyas eran el único objeto de valor en Paraguay que no perdía su valor en el exterior, por esto, el gobierno pretendía quedarse con ellas para obtener divisas y respaldo real en el exterior, en caso de ser exiliada la familia presidencial.
Thompson fue lapidario al describir el mecanismo: López “encontró un medio más seguro de posesionarse de todo cuanto había en el país de algún valor” arrebatando las joyas a las familias bajo la fachada de un movimiento patriótico.
La coacción de la asamblea de 1867, sofisticada y burocrática, fue apenas el prólogo de lo que vino después. El nivel de los obsequios exigidos fue aumentando a medida que crecía la paranoia del régimen. Las reuniones de mujeres de la élite comenzaron exigiendo contribuciones para regalar a López una espada de oro, para pasar semanas después a solicitar fondos para un gorro de oro. Considerando eso insuficiente, se propuso luego que el Mariscal debía recibir una corona de oro, y finalmente la propia Escolástica Barrios de Gill hizo pública su intención de acuñar una moneda de oro con el busto del Mariscal. Las fuentes históricas son elocuentes al interpretar estos gestos progresivamente desmedidos: detrás de la sonrisa y el aparente entusiasmo de las damas en los actos públicos, “inequívocamente puede leerse el profundo terror que tenían de que sus esposos fueran los siguientes de los convocados que ya no retornaban del frente”, o que cayeran bajo los juicios de traición.
A medida que la guerra se tornaba catastrófica para el Paraguay, el Mariscal López desató una represión interna sin precedentes que convertiría el despojo en una industria del terror. A mediados de 1868, en el campamento militar de San Fernando, se instauraron los infames Tribunales de Sangre. El pretexto fue la supuesta Conspiración de San Fernando: un presunto complot para asesinar al Mariscal. El corolario económico de las purgas era ineludible: al declarar “traidor” a un ciudadano, sus bienes quedaban inmediatamente confiscados para el Estado. En los propios interrogatorios bajo tortura, el objetivo no era exclusivamente político, sino también económico: testigos y ex fiscales de esos tribunales declararon que “el dinero y alhajas que los reos llevaban, se les quitaba sin que jamás se volviesen a juntar con ellas, ni ellos ni sus deudos”. Las mujeres de los acusados, convertidas en “destinadas”, sufrían la confiscación total de sus bienes –incluidas sus joyas personales– antes de ser enviadas a los campos de concentración en el interior o ser ejecutadas. El terror operaba como un mecanismo de transferencia de riqueza: se aniquilaba al propietario bajo cargos de conspiración y el régimen absorbía su patrimonio. Como declaró el comerciante Francisco Motta, López “imaginó una conspiración para envolver a los nacionales y extranjeros de mayor fortuna” y procedió a despojarlos “por conceptuarse que debían declararse bienes del fisco”.
Con la inminente caída y evacuación de Asunción entre finales de 1868 y principios de 1869, la diplomacia de las donaciones voluntarias fue reemplazada por la expropiación directa a punta de bayoneta. En sus memorias, el testigo y escritor Héctor F. Decoud detalla cómo el Estado promulgó decretos de “entrega obligatoria” absolutos, allanando domicilios y confiscando violentamente a las mujeres asuncenas el remanente de alhajas, platería y dinero que habían logrado preservar, bajo el fútil pretexto de fabricar más armamento ornamental.
Frente a la certeza del despojo total, la ciudadanía desplegó desesperadas tácticas de salvaguarda. Al amparo de la noche, muchas familias cavaron profundos hoyos en sus patios y campos para enterrar sus pertenencias, dando origen a la perdurable leyenda cultural paraguaya de la plata yvyguy, el tesoro enterrado. Otros buscaron refugio institucional: en medio del pánico de la evacuación, multitudes corrieron a depositar sus cofres repletos de joyas, francos y patacones de plata en las sedes de las legaciones extranjeras, principalmente en el consulado de Estados Unidos –a cargo del ministro Charles A. Washburn– y de Italia, a cargo del cónsul Chapperon. La expedición punitiva del escuadrón Acá Yboty a Concepción y San Pedro, al mando del temido Toro Pichaí, ejecutó ese mandato con metodología brutal. Decoud describe que el saqueo de las residencias patricias venia las la confesión de pecados, se convertía así en el instrumento más íntimo y perverso de la expropiación: el sacerdote que absolvía los pecados entregaba simultáneamente al penitente y su patrimonio.
Si algún episodio captura el verdadero sentimiento de las mujeres paraguayas hacia el régimen que las había extorsionado, torturado y desterrado, es el que se produjo el sábado 23 de octubre de 1875. Ese día, Elisa Lynch desembarcó sorpresivamente en Asunción con la intención de reclamar jurídicamente sus inmensas propiedades. La reacción fue inmediata y doble. En el mercado central, las vendedoras y placeras organizaron una turba –la conocida bandera yeré– exigiendo su expulsión. Simultáneamente, más de cincuenta matronas sobrevivientes de la élite asuncena, viudas y huérfanas de los ejecutados en los Tribunales de Sangre y encabezadas por doña Bárbara Machaín de Haedo, presentaron al gobierno un documento formal en el que acusaban públicamente a Lynch de ser la “instigadora y cómplice de crueldades increíbles” cuya “codicia y maldad infernales” habían sacrificado a sus padres, esposos y hermanos. Declaraban que cerca de un millón de paraguayos “se han estremecido de indignación en sus tumbas ignoradas cuando la planta de la Lynch ha hollado hoy la tierra que los cubre”.
El periódico La Voz del Pueblo había sido igualmente contundente ya en junio de 1870, al protestar por el inventario de bienes incautados a Lynch y acusarla de huir a Europa “a gozar de su fortuna y a lucir las prendas que consiguió violentamente, de las infelices mujeres de este país”.
Ante el cerco popular y la inminencia de un linchamiento, Lynch huyó a medianoche y se refugió en una cañonera inglesa fondeada en el puerto y abandonó el Paraguay definitivamente. El veredicto de las sobrevivientes no admitía apelación.
La cristalización legal del 24 de febrero en 1974, eligió exactamente este evento –con toda su carga de coacción y extorsión– como símbolo oficial de la mujer paraguaya. La justificación formal del decreto exaltaba el “patriotismo” femenino, el “esfuerzo abnegado” para la defensa de la patria y el sacrificio incondicional y silencioso. La mujer ideal que el decreto modelaba era la que renunciaba a su patrimonio, entregaba a sus hijos a la conscripción sin chistar y se sometía pasivamente a los dictados de las autoridades patriarcales, sin esbozar sombra de resistencia ni cuestionamiento. Celebrar la efeméride implicaba, por transitividad, celebrar la virtud de la obediencia ciega.
Lo que merece celebrarse
Todo esto no invalida la conmemoración del 24 de febrero. Sugiere, en cambio, que su fundamento merece ser radicalmente redefinido. El verdadero heroísmo de las mujeres paraguayas de la guerra no residió en la entrega de joyas bajo coacción en la Plaza 14 de Mayo. Residió en las miles de mujeres anónimas que marcharon hasta morir de inanición en las selvas del norte.
Y, sobre todo, residió en lo que vino después: en las Reconstructoras. Cuando la guerra terminó en 1870, las mujeres paraguayas encontraron un país prácticamente aniquilado. Las estimaciones de posguerra registran proporciones demográficas devastadoras: en zonas rurales, hasta cincuenta mujeres por cada hombre sobreviviente. Sin capital, sin maridos, sin hermanos, sin padres, estas mujeres empuñaron el arado sobre las cenizas, reactivaron la agricultura, dominaron el comercio y los mercados locales, preservaron el guaraní y repoblaron un territorio que había sido llevado al borde de la extinción.
